El legislador de oposición Luis Fernando Torres presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra medio centenar de artículos de una ley de Comunicación recientemente aprobada en Ecuador, por considerar que tienen «vicios de forma y fondo».
Torres indicó a Efe que la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional responde a que «varios de los artículos incorporados en la versión final de la ley nunca fueron debatidos en la Asamblea».
«Fueron incorporados por decisión personal del ponente de la Ley», dijo Torres en referencia a Mauro Andino, del movimiento oficialista Alianza País, quien hoy se preguntó si es ético que «quien tiene conflicto de intereses presente una demanda de esa naturaleza».
El día de la aprobación en la Asamblea, el pasado 14 de junio, Andino escribió en su Twitter que «el país cuenta con una Ley de Comunicación para contribuir a la existencia de una verdadera democracia» y lo señaló como un día «histórico para la Patria», pues «en adelante la palabra ya es de todos».
Torres, que en algunos de los artículos cuestiona palabras, frases e incisos, pero no todo su contenido, indicó hoy que identificó varios textos que tienen «innovaciones o modificaciones sustanciales a lo debatido antes».
Los artículos -explicó- están relacionados con la práctica informativa, con controles y sanciones, con el uso de las frecuencias del espacio radioeléctrico y con el manejo societario y accionario de las empresas nacionales de información privadas que tengan socios o accionistas extranjeros.
Ecuador cuenta desde el pasado martes con una nueva Ley de Comunicación, que castiga el «linchamiento mediático», es decir, los ataques reiterados en los medios para menoscabar la imagen de personas o instituciones, lo que ha generado aplausos del oficialismo y críticas de ciertos sectores profesionales.
La normativa es considerada por el oficialismo como un freno a los supuestos abusos de la prensa, mientras algunos sectores periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión la tachan de ser una norma «mordaza».
Torres explicó que si la Corte llegase a considerar que efectivamente son inconstitucionales los artículos por los que presenta la acción, «podría subsanar la falta del segundo debate, devolviendo la ley en esos artículos a la Asamblea para que se haga el segundo debate».
El legislador de oposición criticó también que en la ley se considera «a la actividad de los medios privados de comunicación como la prestación de un servicio público», con lo que, en su opinión, «equipara al medio de comunicación privado como la empresa pública que presta servicio de agua potable», por ejemplo.
Según Torres, ello «aumenta los controles y las regulaciones bajo el pretexto de que ahora los medios privados prestan un servicio público».
En caso de que la demanda sea admitida, la Corte debería citar a los demandados, entre ellos el presidente de Ecuador, Rafael Correa; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y el Procurador del Estado, Diego García, tras lo cual se convocaría a una audiencia pública y luego dictaría la sentencia, explicó Torres.
«En términos normales esto debería estar evacuado en unos dos meses. Sin embargo, la Corte, a veces, toma más tiempo», dijo el legislador al indicar que el asunto estará «sujeto a cómo se lleve el debate ante la opinión pública».
Torres, quien rescata de la ley de Comunicación una «serie de incentivos» para el fomento de la producción nacional de publicidad, señaló que en su demanda solicita a la Corte, como medida cautelar, que disponga la suspensión provisional de los artículos impugnados.
