El preso número 500 ejecutado en Texas era negro: el caso de Kimberley McCarthy, una mujer afroestadounidense ejecutada en Huntsville, evidencia lo sobrerrepresentadas que están las minorías raciales en los corredores de la muerte en EEUU.
“Hay una tendencia a que los negros sean más condenados a muerte y, por tanto, ejecutados”, explica Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC por su sigla en inglés), que lleva estadísticas de las ejecuciones desde que se restableció la pena de muerte en EEUU en 1976.
Los negros representan el 35% de los reos ejecutados en las últimas tres décadas y el 42% de los condenados a muerte, cuando constituyen sólo el 12% de la población estadounidense. Si se agregan los hispanos, más de la mitad de los detenidos en los corredores de la muerte forman parte de las minorías, que sin embargo representan menos de un tercio de la población de Estados Unidos, según el DPIC.
Un estudio demostró, además, que “las características físicas de los afroestadounidenses, como la nariz chata o la piel oscura, hacen que los jurados sean más estrictos”, afirma asimismo Robert Blecker, profesor en la Facultad de Derecho de Nueva York y defensor de la pena de muerte. En casos de condenas por crímenes interraciales, se ejecuta a 13 negros por cada blanco, según el DPIC.
A causa del pasado esclavista y de linchamientos en EEUU, “raza y justicia están tan entrelazadas que no se puede disociar el color de la piel de la pena de muerte”, dice Gloria Rubac, militante del movimiento por la abolición de la pena capital.
La ejecución número 500 en Texas fue la de una mujer negra. Kimberley McCarthy había sido condenada a muerte por el asesinato de una anciana blanca a la que había robado.
DENUNCIA. Su abogada, Maurie Levin, denunció hasta el final los “vergonzosos errores” y los prejuicios raciales del jurado, compuesto por 11 blancos y un negro, que desechó la cadena perpetua. Su clienta, una exadicta de 52 años, se benefició de dos suspensiones de último momento, a causa de las sospechas de discriminación racial.
La víspera de su ejecución, Dieter apostaba a otra prórroga a causa de la inminente aprobación en Texas de una ley llamada “raza y justicia”, proyecto apoyado por el único fiscal negro de ese Estado, que buscaba revertir esas tendencias racistas.
