En los primeros cinco meses de este año, gobernaciones y municipios invirtieron en seguridad ciudadana un promedio de Bs 5,7 por cada habitante, dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien comparó este desempeño con el del nivel central.
El titular de ese despacho explicó ayer, en el programa El pueblo es noticia que difunden los medios estatales, que las conclusiones de la IV Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, efectuada en Sucre, abordaron la baja ejecución frente a las necesidades de equipamiento e infraestructura de la Policía.
Del presupuesto total de Bs 516,3 millones para esta gestión, que corresponden al 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, las entidades subnacionales sólo ejecutaron Bs 59,1 millones, es decir 11,5%.
La división del monto ejecutado por la cantidad de habitantes que tiene Bolivia —10,3 millones, según el Censo Nacional 2012— da como resultado los Bs 5,7 arriba citados.
En comparación, el Ministerio de Gobierno destacó la compra de dos helicópteros, cámaras de vigilancia, sistemas de rastreo satelital GPS y otro equipamiento para la Policía efectuado con fondos propios. Santa Cruz, por ejemplo, que programó Bs 81,79 millones, ejecutó Bs 27,37 millones. La Alcaldía de La Paz, que presupuestó Bs 20,58 millones, tiene una ejecución de poco más de Bs 600.000, según esa cartera de Estado.
“Hemos discutido mucho con el Gobierno porque tiene datos equivocados de la ejecución de los gobiernos municipales”, replicó la semana pasada el alcalde paceño, Luis Revilla.
En la IV cumbre, realizada la anterior semana, gobernaciones y municipios se comprometieron a gastar los recursos no invertidos. “Se les ha pedido que ejecuten más de 500 millones de bolivianos, a un ritmo de 100 millones por mes”, enfatizó.
Equipamiento. El segundo semestre, gobernaciones y alcaldías comprarán más cámaras de vigilancia, vehículos y motocicletas, pero también harán mejoras en la infraestructura.
En el cónclave, el Gobierno solicitó a las gobernaciones y municipalidades invertir en 2.190 cámaras de seguridad en las nueve ciudades capitales y El Alto, 24 helicópteros, 55 Estaciones Policiales Integrales, nueve centros de mantenimiento de motorizados de la fuerza pública, 1.170 motocicletas y 977 vehículos, y un presupuesto adicional para la mejora de las cárceles.
Sin embargo, aunque el requerimiento de la Policía era de que se les dote al menos de dos helicópteros por departamento, ninguna gobernación o municipio comprometió tal compra.
“Ha sorprendido que el gobierno seccional de Yacuiba prometa la adquisición de un helicóptero antes de Navidad para que pueda operar en el cielo fronterizo”, argumentó.
Sobre las cámaras de vigilancia, Romero explicó que los gobiernos subnacionales comprarán 500, de las que 140 corresponden a Cochabamba, 100 a Santa Cruz y 150 a La Paz.
Recordó también que los gobiernos departamentales y municipales no sólo entregarán motorizados a la Policía, sino que asumirán el gasto de combustible y mantenimiento .
Según datos oficiales, entre 1999 y 2005, los gobiernos de entonces entregaron a la Policía 119 vehículos y 200 motocicletas. Esa situación cambió radicalmente tras la asunción de Evo Morales a la presidencia. Entre 2006 y 2012, el Ejecutivo dotó de 825 vehículos y 1.336 motocicletas, lo que representa un crecimiento cuantitativo de aproximadamente 600%.
Sin embargo, todavía hay un déficit respecto a la cantidad de agentes. Romero expresó que en Bolivia hay un motorizado por cada 34 policías y una moto por cada 17 uniformados.
Romero dice que normas de contratación son expeditas
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que las normas de contratación para que los municipios y gobernaciones ejecuten sus presupuestos son ahora más expeditas.
Recordó que hace tres semanas se aprobó un decreto con la finalidad de que los gobiernos subnacionales tengan ítems para cargar costos del servicio de mantenimiento de vehículos y las transferencias de los equipos a la Policía, que era uno de los frenos de la ejecución presupuestaria.
La Ley del Presupuesto General del Estado establece que a solicitud del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debitará de las cuentas corrientes fiscales los recursos no ejecutados de los programas y proyectos relacionados con la seguridad ciudadana. En la cumbre se conformaron dos comisiones para revisar esta disposición.
