A un año de abrirse el proceso investigativo por la supuesta comisión del delito de corrupción en la adjudicación de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, el peritaje de la Fiscalía no halló irregularidades en dicha transacción realizada en la gestión de Gerson Richard Rojas.
Rojas, exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, sufrió el 17 de junio de 2012 un accidente cerca de Yapacaní. Este hecho fortuito permitió descubrir una presunta red de corrupción. Según las primeras pesquisas, el exejecutivo habría recibido sobornos para adjudicar la Planta de Separación de Líquidos Río Grande.
En una caja fuerte del exgerente se encontró, por ejemplo, la suma de $us 90.000. Dicho dinero fue calificado como mal habido y, en ese marco, el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito en grado de complicidad en uso indebido de bienes públicos.
Gerson Rojas tuvo a su cargo el proceso de licitación, calificación y adjudicación de las plantas de Separación de Líquidos Río Grande ($us 159,4 millones) y Gran Chaco ($us 498,65 millones). Estas irregularidades pusieron en duda la continuidad o no de los dos millonarios proyectos.
La auditoría forense al proceso de contratación para la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande fue encargada por los fiscales Rosé Marie Barrientos, Yolanda Aguilera y Cándido Blanco, que forman parte de la comisión investigadora. Dentro del proceso, las investigaciones involucraron a cuatro ejecutivos de la petrolera estatal (Rojas, Agustín Ugarte y los abogados Marcelo Oña y Clíver Villalba) por el delito de “enriquecimiento ilícito”.
Defensa. David Quilo Rocabado, abogado defensor de Rojas, dijo que el peritaje encargado por el Ministerio Público es una prueba fehaciente para demostrar ante los tribunales que su defendido no ha cometido responsabilidad alguna en los procesos de contratación. “A partir de este documento vamos a solicitar la cesación a la detención preventiva de Gerson Rojas, porque ha desaparecido la presunción de culpabilidad que existía”, adelantó.
“Señalamos que luego de realizar la revisión del proceso de contratación hasta la adjudicación de la empresa encargada de la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, se puede establecer que ésta se realizó de acuerdo a lo establecido por la normativa legal vigente”, indica en una de sus conclusiones la auditoría financiera, documento al que tuvo acceso La Razón.
Sobre los $us 90.000, Quilo Rocabado dijo que el dinero encontrado en una caja fuerte “es producto del ahorro que tenía mi patrocinado”. “No olvidemos que estamos hablando de una persona formada que contaba con ingresos económicos elevados”. El jurista adelantó que está “en la etapa de poder demostrar la procedencia de dichos recursos. Para ello, acotó, se ha solicitado que “se realice una auditoría a las finanzas de Rojas”.
Elena Perales, progenitora de Rojas, manifestó que su hijo es un preso político, porque hasta el momento la Fiscalía no ha logrado sustentar su acusación. “Hace más de un año que se encuentra preso injustamente”. Según el jurista, la Fiscalía no tendrá más argumentos para dictar un sobreseimiento al caso. Indicó que se pedirá un resarcimiento económico.
Hallazgo de $us 90.000 en un banco
Informe
El 5 de julio, un fiscal anticorrupción, representantes de YPFB y del Banco Mercantil Santa Cruz realizaron el allanamiento de dos cajas de seguridad. “La primera, signada con el Nº 298 perteneciente a Gerson Rojas, donde se encontró y secuestró la suma de $us 90.000 en nueve fajos, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero”.
Rojas acusa al Ministerio Público de dilatar proceso
El exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB Gerson Rojas, actualmente recluido en la cárcel de Palmasola, rompió el silencio y denunció que el Ministerio Público viene dilatando el proceso penal y no le permite demostrar la procedencia del dinero encontrado en su cuenta personal.
“Mi persona está acusada de enriquecimiento ilícito sin prueba, hoy tengo la tarea de presentar pruebas de descargo del dinero que es de mi propiedad, obtenido lícitamente de acuerdo a mis años de servicio, contaba con un patrimonio y una empresa familiar antes de ingresar a trabajar a YPFB”, contó el exejecutivo. Añadió que hace semanas pidió una auditoría a sus finanzas para demostrar su inocencia.
