Pretender comparar el estado de situación del político boliviano Róger Pinto con los de Julian Assange y Edward Snowden es hasta inmoral. Peor aún para justificar lo injustificable: el atentado internacional contra el presidente Evo Morales.
Assange y Snowden son dos personajes universales a los que la democracia en el mundo les deberá millones de gratitudes. Están no sólo desvelando secretos de Estado de la/s potencia/as, sino también interpelando las prácticas embusteras de las falsas democracias que gobiernan el planeta.
Pinto, sin embargo, es un político de “vieja trayectoria” en Bolivia. Me voy a remitir a su perfil personal publicado en la web de su partido (Convergencia Nacional). “Róger Pinto es cristiano bautista, abogado y ganadero, casado, padre de tres hijas y cuatro nietos. Fue elegido concejal de la ciudad de Cobija, diputado nacional, prefecto del departamento de Pando y senador; reelecto en la gestión 2010-2015 como senador de la República. Se desempeñó como presidente de la Iglesia Bautista, asistente técnico del Banco Central de Bolivia, presidente de la Cooperativa de Teléfonos Cobija, miembro de la dirección nacional de la Federación de Cooperativas de Teléfonos (Fecotel), presidente de la Corte Electoral de Pando, presidente de la Asociación de Ganaderos de Pando. En 2005, Pinto fue elegido para el Senado como candidato por Pando y reelegido para el periodo 2010 a 2015 (sic)”.
Ése es Pinto (a pesar de que su perfil no menciona las militancias partidistas que tuvo). No nació en mayo de 2012, cuando se cobijó en la embajada brasileña. Su “trayectoria” política ha dejado “huellas” que no puede borrar.
Tampoco está en su perfil de internet, pero yo no lo puedo olvidar. Pinto, uno o dos días después de la masacre de Porvenir, prepotente y hostigador, lideró una turba que intentaba obligar a un grupo de ciudadanos pandinos a que se declare culpable del “enfrentamiento” y que acuse al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber sido el promotor. Todo quedó filmado. Pinto fue protagonista de aquellos sucesos. Así como lo fue antes y después de la matanza, del lado de Leopoldo Fernández, de quien fue su operador político.
Las huellas que no puede borrar el senador pandino, hoy cobijado en la Embajada de Brasil, tienen sembradas millones de bolivianos que, traducidos, son más de un cuarto de millón de dólares de recursos públicos sobre los cuales debe rendir cuentas. Paso a enumerar la información que consta en el Ministerio de Transparencia:
1. Denuncia Zofra Universidad: Pinto, como presidente del directorio de Zofra Cobija, dispuso irregularmente la asignación de recursos de la Zofra a la Universidad sin contar con la autorización correspondiente ni haber realizado un control del destino de estos recursos. En el presente proceso, se dictó sentencia condenatoria en contra de Pinto por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El daño económico aproximado sería de Bs 11.877.142,81.
2. Denuncia Zofra terrenos: el directorio de la Zofra Cobija denunció que Pinto autorizó la venta de terrenos de la Zofra Cobija a favor de particulares. El proceso tiene acusación de fecha 11 de mayo de 2012, a la espera del señalamiento de la audiencia conclusiva. El daño económico no ha sido determinado.
3. Denuncia otorgación irregular de fondos de avance: Pinto, como prefecto del departamento de Pando, permitió una irregular asignación de recursos de fondos de avance, además de haber incumplido su labor de fiscalización sobre ese dinero, no solicitó rendición de cuentas a las personas que se beneficiaron con diferentes montos. Este proceso se encuentra en etapa preparatoria. El daño económico alcanzaría a Bs 1.259.618.
4. Denuncia desembarcaderos: Pinto es acusado de la contratación de una empresa para la construcción de cuatro desembarcaderos en Pando, sin que exista el diseño final para los mismos. Asimismo, omitió iniciar acciones legales contra las empresas por el incumplimiento del contrato. Pese al incumplimiento y a la inexistencia de documentos que acrediten la ampliación de plazos, las autoridades denunciadas no ejecutaron las garantías otorgadas a favor del Estado. El proceso se encuentra con acusación desde el 29 de enero de 2013. El daño económico ascendería a 5.272.613,23.
A este senador también se le fue la labia en su desesperación política. Llegó a involucrar, sin prueba alguna, a altas autoridades del Gobierno del MAS de haber tenido conocimiento de los vínculos con el narcotráfico de un general de la Policía designado en un alto cargo. Las pruebas nunca las expuso y se ganó otro proceso en justa ley.
He aquí el perfil de Pinto desde mi perspectiva. Su rol político en Pando y su papel en la institucionalidad del Estado. En ambos casos tiene cuentas pendientes que, desde mi punto de vista, también debiera saldarlas en su territorio.
En el servicio público hay que ser consecuentes con nuestros actos y responsables de nuestros dichos, es necesario un alto grado de responsabilidad para desempeñar un cargo —cualquiera sea éste— en la administración pública.
Servir al Estado no es una opción sino una decisión, y cuando una o uno toma esa decisión debe ser consciente de la responsabilidad que asume y debe tener presente que sus acciones u omisiones serán sujetas de control administrativo y jurisdiccional.
Sobre Pinto pesa ya una sentencia. La justicia lo declaró culpable de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, y por causar un daño económico al Estado cuando fungía como presidente de la Zona Franca de Cobija.
El caso del senador es como los de muchos bolivianos que enfrentan a la justicia y la única diferencia es que Pinto tiene una “condición política circunstancial” que radica en el hecho de ser “senador”. Él cree que por haber ejercido la función pública y haber cometido actos u omisiones reñidas por la ley, no debe ser juzgado igual que el común de bolivianos y se considera un “perseguido político”.
Pero Pinto tiene la responsabilidad histórica de demostrar que sus acciones, cuando ejerció cargos públicos y tuvo bajo su responsabilidad dinero de todos los bolivianos, se apegaron al cumplimiento de la ley. Si tuvo la valentía de ejercer un cargo público, ahora debe tener la misma valentía para rendir cuentas de sus actos.
