Los familiares y abogados de Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas (los tres exempleados del Gobierno), procesados en el caso Extorsión, se reunieron con dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), a quienes ofrecieron videos y grabaciones para esclarecer la represión a la marcha de originarios en Chaparina.
El titular de Gobierno, Carlos Romero, dijo que Villegas puede “presentar todo lo que quiera”, ya que él no tiene nada “de qué preocuparse”. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, confirmó a Erbol la existencia de un gabinete jurídico, tal como dijo Villegas, pero negó que éste hubiera dado órdenes para delinquir.
Tras ver a los enviados por los acusados, Adolfo Chávez, titular de un sector de la Cidob, dijo que el caso Chaparina, que se refiere a la represión a indígenas que marchaban por el TIPNIS, en septiembre de 2011, debe esclarecerse, por lo que coordina con familiares de Villegas la entrega de información sobre quién ordenó intervenir esa movilización.
Reynaldo Limachi, tío de Rodas, reiteró que los audios anunciados por Villegas están a buen recaudo y que los mismos se constituyen en seguro de vida para los acusados. En noviembre de 2012, el Ejecutivo desbarató una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno y que estaba formada por los tres procesados que eran empleados.
