Quizás conocidos los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2012 surjan conflictos. De momento, la discusión sobre la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados es todavía incipiente.
Como concluye en esta edición Animal Político, el debate sobre el asunto es falso, considerando que la reasignación de asientos legislativos es un proceso meramente técnico, como manda la Constitución Política del Estado. Sin embargo, abordarlo con vehemencia puede resultar políticamente favorable para quienes así lo consideren. Es que, con el reclamo o la defensa de uno o más escaños, un líder político o un dirigente cívico puede ganarse unos votos más, en puertas de las elecciones de 2014.
Por ahora, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba parecen estar interesados en conseguir más curules a la luz de los datos que, seguro, mostrará mayor población en su territorio, especialmente nutrida por migrantes de otras regiones del país asentados en sus capitales. Al otro lado del asunto, Oruro, Potosí y Chuquisaca temen una eventual reducción de su representación legislativa, debido a la migración desde sus provincias.
Lo cierto es que nada va a cambiar la actual composición de asientos en la Cámara de Diputados: 130. Así parecen entender quienes expresan su posición en esta edición. En 2005, este mismo asunto complicó la situación política del país. Menos mal que el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé pudo contener los ímpetus regionales al dictar una redistribución sensata de representaciones legislativas a través de un decreto.
Será prudente esperar que el Órgano Electoral, llamado para el efecto por la Constitución, no sea interferido políticamente en su tarea de organizar la redistribución de escaños “en base al número de habitantes de cada uno de ellos (departamentos), de acuerdo al último censo nacional”, en este caso el de 2012. Que así sea, para tranquilidad del país.
El editor
