Tras el retorno de los acusados en el caso Extorsión, Fernando Rivera y Denis Rodas, al penal de Palmasola, sus familiares y abogados denunciaron que se instalan cámaras de vigilancia en el Pabellón B del PC 7 y se restringe las visitas. El Gobierno lo niega.
Ana María Rivera, hermana de Fernando, exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, afimó que cuando ambos volvieron a la cárcel, las autoridades penitenciarias extremaron la seguridad en sus celdas con el colocado de cámaras de vigilancia, sensores y antenas, para escuchar las conversaciones de éstos.
Además, denunciaron la restricción del ingreso de visitas, ya que sólo permiten la entrada de los abogados defensores. Esta queja también fue presentada por Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, y otros acusados en el caso Extorsión, quien a través de una carta aseguró que la vigilancia obedece a órdenes del Ministerio de Gobierno.
Sin embargo, la directora de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Vanesa Gómez, rechazó las denuncias hechas. “Hay un proyecto para instalar estos equipos en todo el recinto carcelario como medida de seguridad, pero actualmente no existe esa medida”, dijo.
Apoyo. “Hay un compromiso de parte de la Gobernación cruceña para que dote las cámaras de vigilancia de acuerdo a norma penitenciaria, pero hasta el momento seguimos a la espera de que se concrete la misma”, acotó Gómez. En La Paz, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, también negó que hayan cámaras de vigilancia.
El sábado, Rivera y Rodas volvieron a Palmasola, después de que la Sala Penal 1ra revocara la Resolución Administrativa 149/2013, emitida por la Dirección de Régimen Penitenciario, que ordenó su traslado a las carceletas de Warnes y Montero, donde estuvieron por cuatro días.
Villegas, en su misiva, denunció que su familia y sus abogados sufren una persecución digitada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Según Villegas, el Ministerio de Gobierno habría movilizado a los grupos de Inteligencia “DNI, CESE, CEIP, GICE, USAE, OCI y otros”, para hacer un seguimiento a sus parientes que se encuentran en la ciudad de La Paz.
La abogada de Villegas, Neyda Ledesma, sostuvo que el objetivo de la carta es hacer conocer a la opinión pública las arbitrariedades que comete el Gobierno en su contra, con la única finalidad de mantenerlo con la boca cerrada. El caso Extorsión fue destapado en noviembre de 2012 por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a raíz del caso de Jacob Ostreicher.
La defensa de Rodas, Freddy Fernández, presentó ante la Fiscalía el audio de una conversación sostenida supuestamente entre el abogado de Jacob Ostreicher, Jimmy Montaño, y el exvocal de la Justicia Zenón Rodríguez. El primero le pide información para contactarse con abogados de la cartera de Gobierno y para ello habría ofrecido $us 50.000 para beneficiar al extranjero.
Montaño aseveró que está “fuera de lugar la presentación de la grabación”, ya que en 2012 declaró sobre esta presunta reunión.
El caso Extorsión
Sospecha
El estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, denunció que fue víctima de extorsión por parte de personeros del Órgano Ejecutivo.
Denuncia
A fines de noviembre de 2012, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que desbarató una red de extorsión que operaba desde su despacho. Por ello, fueron detenidos los exfuncionarios Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas.
Indígenas solicitan que Villegas declare
Elisa Medrano
El exdirigente campesino Rafael Quispe, demandante en el proceso por la represión a indígenas del TIPNIS en Chaparina, ocurrida el 25 de septiembre de 2011, solicitará a la Fiscalía que tome declaraciones sobre este caso a Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.
Villegas, exdirector de Régimen Interior que está detenido en la cárcel de Palmasola acusado de ser parte de una red de extorsión que operaba desde el Ejecutivo, aseguró que tiene audios referidos a los “trabajos de seguimiento de Estado” que se le encomendó desde 2007.
Aseguró que entre esos casos se halla la marcha de los originarios. En su primera comparecencia ante el Ministerio Público, Villegas se acogió a su derecho al silencio.
Empero, su defensa solicitó a la fiscal Patricia Santos, integrante de la comisión que investiga la represión a la citada marcha indígena, la ampliación de la declaración. Rafael Quispe anunció ayer que a través de un memorial solicitará a la representante del Ministerio Público que de una vez Villegas proporcione datos a la Fiscalía.
Aseguró que Villegas puede aportar pruebas contra el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, a quien responsabiliza de la intervención. Adelantó que pedirá que se incluya a los exfuncionarios Denis Rodas y Fernando Rivera en las declaraciones.
