La Contraloría General del Estado identificó la existencia de indicios de responsabilidad de ex y actuales funcionarios del Órgano Judicial por la no emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y pidió la apertura de procesos administrativos, civiles, penales y ejecutivos contra los encargados.
El gerente departamental de la Contraloría, Amílcar Ayala, informó que hasta la fecha, después de un año y medio que desapareció el Poder Judicial, no se presentó de manera formal los estados financieros debidamente auditados.
La norma establece que todas las instituciones deben presentar sus estados financieros al 31 de diciembre de cada gestión y se otorga un plazo de tres meses para que cumplan con esta exigencia. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial recién presentaron su informe en octubre de 2012, firmado por autoridades no competentes.
“La MAE (máxima autoridad ejecutiva) del extinto Poder Judicial tenía la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio de su sistema contable, situación que además hubiese permitido el cumplimiento de lo señalado”, se lee en el informe.
La máxima autoridad del Poder Judicial de ese tiempo fue Jorge von Borries, actual decano del Tribunal Supremo de Justicia. Ayala evitó referirse a nombres de autoridades involucradas y agregó que debe haber una investigación.
