El comandante de la Policía, general Alberto Aracena, admitió ayer que la uniformada acusada de infiltrada en la VIII Marcha Indígena por el TIPNIS en 2011 recibió un memorándum de felicitación e instruyó una investigación interna con respecto a si ella se camufló en esa movilización.
Aracena pidió al inspector general de la Policía, general Alberto Armaly, verificar si la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez actuó encubierta en esa manifestación y si incitó la agresión contra el canciller David Choquehuanca, en Chaparina, como sostienen los activistas que rechazan la apertura de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
No obstante, admitió que conoce “un memorándum de felicitación por el trabajo que ha ido cumpliendo” en esa marcha, aunque no precisó cuál fue la acción que se destacó.
Denuncias. Activistas e indígenas exhibieron el miércoles un video en el que afirman que se ve a la cabo Cáceres que jala la mano del canciller Choquehuanca. Por ello aseguran que ella incitó el ataque a esa autoridad, hecho que ocurrió el 24 de septiembre de 2011.
Un día después de la presencia de Choquehuanca en la zona, el 25 de septiembre, la Policía intervino la movilización y reprimió a los indígenas. Los denunciantes también difundieron imágenes de los memorándums que la cabo Cáceres recibió, tanto para acudir a esa movilización como para felicitarla por el trabajo que desempeñó en esos días.
“Hay una denuncia y la obligación del Comandante General (de la Policía) al interior de esta institución es despejar esta situación. No estoy indicando que algún miembro haya cometido esto (infiltración y agresión); lo que nos corresponde como institución es investigar al interior y ponernos a disposición de los fiscales”, dijo.
Aracena negó que los miembros de la Policía inciten a la violencia, más aún cuando su misión está referida a la defensa de la sociedad y la restitución de derechos vulnerados.
“La comisión de fiscales (que investiga este caso) debe valorar el accionar, si es que fuera así, de un miembro de la institución”, aseveró.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró que, con esta denuncia, los indígenas del TIPNIS y los activistas pretenden desvirtuar “la acción de secuestro” de la que fue objeto el Ministro de Relaciones Exteriores.
“Ahora dicen que el Canciller tenía personas infiltradas, que fingieron el secuestro, y eso me parece ya de película, porque todos sabemos que ellos (los indígenas) han definido en una reunión, en una asamblea (la retención de esa autoridad) y que la dirigencia materializó. Entonces, pretender descargarse con la Policía hasta nos parece inmoral”, sostuvo Romero cuando rechazó la acusación.
Aracena complementó que a través de la investigación interna se determinará si agentes de la Policía se infiltraron en la marcha y que, de ser así, el caso también será puesto a conocimiento de la comisión de fiscales que indaga el caso Chaparina.
“La Policía no va a tapar nada, no va a cerrar las puertas. No tenemos por qué encubrir, simplemente nos acogemos a lo que dice la Constitución y las leyes, y estaremos a la orden del Ministerio Público”, señaló.
Entretanto, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez requirió las imágenes para identificar a la mujer que es acusada de infiltrada. “Si mal no recuerdo, no sólo ha estado en la octava marcha, sino también en la novena; una blanconita, choca, guapa y medio cariñosa. Si puedo ver las imágenes, puedo dar certeza de que puede ser ella”, afirmó.
La denuncia de la defensa
Acciones
Waldo Albarracín, abogado de los indígenas, afirma que la acción penal contra éstos se basa en la denuncia de secuestro.
Proceso
Aseguró que tras descubrirse a la policía infiltrada, esa denuncia “se cae y no tiene sentido”.
