El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció el intercambio de fiscales —de un departamento a otro— con el objetivo de conocer experiencias sobre la aplicación de la norma penal y uniformar la persecución al delito en Bolivia.
El anuncio lo hizo Guerrero durante la presentación de la Declaración Programática del Primer Encuentro Nacional del Ministerio Público, previa a la clausura del evento que congregó en Sucre a los nueve fiscales departamentales y a más de 100 fiscales de materia de todo el país.
“Habrá intercambio de fiscales. De La Paz irán a Tarija; fiscales de Cochabamba irán a Pando; fiscales de Oruro irán a Santa Cruz. Ese proceso será de una semana para compartir e intercambiar sus experiencias. De esa manera se podra uniformar la persecución penal en Bolivia y tener un mismo criterio y no estar aplicando en cada departamento (acciones diferentes) como si tuviéramos códigos diferentes”, expresó.
Entre los puntos sobresalientes de la declaración del evento está la determinación de aplicar una nueva organización en el Ministerio Público. “Pasando de un despacho fiscal individual a una entidad organizada en fiscalías corporativas”, señala el texto.
La nueva estructura tiene el fin de controlar la calidad de las resoluciones fiscales y la probidad del trabajo, además de optimizar la investigación y el control de los plazos procesales.
El evento también le asignó un nuevo rol a la máxima autoridad del Ministerio Público. Ahora, Ramiro Guerrero, cuenta con la facultad discrecional para promover la revocatoria de las resoluciones contrarias a los intereses generales de la sociedad o que vulneren derechos fundamentales.
Otra de las resoluciones, se refiere a la creación de una Unidad de Análisis Patrimonial, que investigará los bienes de todas las servidoras y los servidores del Ministerio Público. Este medida se la ejecutará para combatir la corrupción y castigar la impunidad al interior de la Fiscalía General del Estado, señaló Guerrero.
La autoridad destacó que en el encuentro fue ratificada la autonomía e independencia del Ministerio Público en el ejercicio de la función fiscal. “Esa cualidad debe permitirnos ejercer nuestras funciones sin injerencias, para garantizar así la probidad de la labor fiscal y nuestro rol constitucional”, explicó Guerrero.
Asimismo, se aprobó un Código de Ética para fiscales y servidores del Ministerio Público como también se dio curso a la elaboración de un inventario nacional de causas y la instauración de un filtro en el ingreso de las denuncias con los funcionarios.
