Hace casi 12 años, el cuerpo de Juana Quispe era hallado en el río Orkojahuira de La Paz. Tenía 42 años y fue asesinada por intentar ejercer el cargo de concejala en el municipio de Ancoraimes. Pasaron 12 años para que se haga justicia por su muerte.
El caso de Juana es emblemático porque visibilizó la violencia y el acoso político contra las mujeres que ocupan cargos públicos. Más aún, impulsó la redacción y la aprobación de una ley para luchar contra estos flagelos, la 423. Tras 11 años de vigencia, hay cinco sentencias condenatorias, pero las denuncias y las renuncias aumentan.
Juana nació en Llojllata Laymini. Era artesana: elaboraba y vendía zapatos en la Garita de Lima de la ciudad de La Paz. Iba y venía por su perfil de comerciante. Pero había otro perfil por el cual sobresalía: su liderazgo. Así, la arena del sindicalismo no tardó en convocarla y, luego, la carrera política. Y participó en los comicios de 2010.
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Violencia
No pudo hacerlo con el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino con una agrupación ciudadana. Ganó por amplia mayoría, pero no le permitían ejercer su cargo. Era acosada despiadadamente. Recurrió a la Justicia. Salieron fallos a su favor, empero, la situación no cambió. Renunció bajo presión. Denunció que su vida estaba en peligro.
Así, el 12 de marzo de 2012, su cadáver fue hallado en el río Orkojahuira. Fue ahorcada. Su caso generó indignación, rabia, condena… Ello permitió la promulgación de la Ley 243 “Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, el 28 de mayo de 2012. Aunque su familia, sus compañeras de lucha, sus colegas… se enfrentaron luego al viacrucis de la retardación de justicia.
Hasta que el 4 de enero de este año, los asesinos de Juana fueron al fin condenados. El exalcalde Félix Huanca y el exconcejal Pastor Cutili recibieron la máxima pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Mientras que las exconcejalas Basilia Ramos y Exalta Arismendi fueron sentenciadas a 15 y dos años de prisión, por complicidad y encubrimiento.
“Esta sentencia sentará un precedente para que las mujeres que se encuentran en espacios de toma de decisión puedan ejercer sus cargos libres de violencia, y también será un referente para que los casos denunciados en la vía penal por acoso y violencia política se resuelvan de forma satisfactoria, ahora sí en tiempo prudente y justo y no exista tanta retardación”, afirma Maribel Mita, presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de La Paz (Acolapaz).
Remarca que “no debemos dejar de lado que Juana fue asesinada por ejercer su función de fiscalización y de autoridad municipal, y que además desde el inicio de sus funciones fue víctima de acoso y violencia política”. Es que en las estadísticas hay otras Juanas que sufren lo mismo. La Acolapaz recibió nueve denuncias en 2021, 13 en 2022 y otras 13 en 2023.
CIFRAS
En la torta nacional las cifras de casos abiertos bajo el paraguas de la Ley 423 elevan la preocupación. La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) atendió 160 demandas por acoso y violencia política en 2020, en plena pandemia del COVID; 79 en 2021; 76 en 2022 y la cifra casi se duplicó el año pasado, con 141.
Mita se anima a dibujar un común denominador sobre las causas de estas denuncias: fiscalización a la gestión municipal, discriminación en el ejercicio del cargo, acoso y violencia institucional por parte de las y los servidores públicos, acoso y violencia laboral (no se les cancela sus salarios o sufren descuentos arbitrarios) y presión para la renuncia al cargo.
Por esto, la sentencia de este caso es considerada “emblemática e histórica”. Lograda con persistencia y espíritu de lucha por la justicia. Así como se recuerda a Juana Quispe.
(15/01/2024)
