El presidente Evo Morales afirmó que su administración primero garantizará la seguridad jurídica para Bolivia y luego para las empresas, mientras que en el tema de la consulta indígena señaló que perjudica en algunas zonas la puesta en marcha de proyectos del Gobierno en dos hasta en tres años y advirtió que ello implica pérdidas para Bolivia.
Morales hizo esas declaraciones en el discurso pronunciado en el marco de la inspección de avance de obras en la construcción de la planta separadora de líquidos en Gran Chaco, Tarija. Destacó la importancia de la seguridad jurídica, sin embargo sostuvo que tiene diferencias con los principios que reivindican los países europeos en esa materia.
“En reuniones con embajadores, de casi todo el mundo, con ministerios de cooperación de algunos países europeos, lo primero que me platean es seguridad jurídica, pero para la plata y no para la vida, esa es otra diferencia con algunos países europeos. Seguridad jurídica para la empresa y no piensan seguridad jurídica para la patria”, cuestionó.
La administración boliviana trabaja en la futura ley de Inversiones, que tiene por objetivo atraer inversiones.
“Nuestra tarea es primero seguridad jurídica para la vida, por supuesto tendrá la empresa; primero nuestra seguridad jurídica es para la patria y después será para la empresa, por supuesto”, señaló en el sur de Bolivia, acto transmitido por los medios estatales.
También hizo referencia en la inspección de obras sobre la importancia de avanzar de forma rápida en la ejecución de este tipo de proyectos porque implicará, dijo, industrializar los recursos naturales y generar mayores ingresos. Sin embargo, explicó que en algunas zonas, la consulta indígena implica demora.
“En algunas zonas nos perjudican con ese tema de consulta (indígena), dos años, tres años, ni se imaginan cómo nos hacen sufrir, pero todos perdemos ahí”, advirtió el Presidente y demandó a los movimientos sociales, indígenas, campesinos y otros, no perjudicar el trabajo de las empresas adjudicatarias de diferentes obras y proyectos.
“He escuchado un pequeño bloqueo de 40, 50 (personas), pensarán que políticamente están perjudicando al Evoo al Álvaro (García), se equivoca, están perjudicando la instalación de una industria, la planta separadora de líquidos, no podemos perjudicar a la empresa, más bien hay que tratar cómo ayudar a resolver”, reflexionó.
El anteproyecto de Ley Marco de Consulta establece que la consulta previa a los pueblos indígenas para actividades hidrocarburíferas se realice en un plazo de hasta 120 días: 90 días para firmar un acuerdo y un adicional de hasta 30 días cuando no se alcance un acuerdo final, según informó La Razón en mayo. El actual Reglamento de Consulta y Participación del 16 de febrero de 2007 para actividades hidrocarburíferas no establece tiempos determinados o topes para realizar consultas
Adicionalmente el proyecto de Ley de Minería prevé que los planes que comprendan prospección y exploración no requerirán de consulta previa a los pueblos indígenas que habiten en el área de la operación minera. La Constitución garantiza este derecho sólo en fase de explotación de recursos naturales.
Morales consideró que es necesario resolver de “forma inmediata” los problemas vinculados con la consulta para agilizar las iniciativas en beneficio de Bolivia y consideró que las empresas estatales deben ser ejemplo en materia de responsabilidad social, es decir, desarrollo de proyectos sociales en zonas de influencia.
La planta separadora de líquidos empezará a operar en octubre de 2014. El Gobierno invierte más de 600 millones de dólares en la ejecución de la obra, que producirá 2.087 barriles diarios de gasolina.
