Los enfrentamientos que hubo entre el jueves y el viernes en Portachuelo y Montero, respectivamente, rememoraron las trifulcas, con matices racistas y discriminatorios, que en 2008 propiciaron sectores conservadores cruceños contra el gobierno de Evo Morales. Esa vez, golpearon a indígenas, y tomaron y quemaron algunos edificios gubernamentales.
Si bien en esta ocasión los sectores antagónicos son los mismos, la adecuación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz es la manzana de la discordia, al menos la forma. Aunque el oficialismo cruceño, dominado por la agrupación Verdad y Democracia Social (Verdes), acepta con creces la adecuación del texto departamental a la Constitución Política del Estado (CPE), inició el procedimiento con la socialización del documento, que en criterio del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una vía errada y demagógica, tomando en cuenta que esa tarea debería hacérsela una vez considerados los cambios, y no solamente en las 15 capitales provinciales, como se planteó Verdes.
El Estatuto, aprobado en referéndum irregular según la Corte Nacional Electoral de entonces, consta de 169 artículos. En criterio de la titular de la Comisión Estatutaria de la Asamblea Departamental, Rose Marie Sandóval, de ese total de artículos, el 27% debe ser adecuado a la Constitución, por lo que se infiere que, tarde o temprano, habrá modificación al texto de marras.
Las trifulcas coinciden con la necesidad de unos y otros de incidir en la población con miras a la preparación de las campañas electorales para los comicios de 2014. Es decir, la adecuación del estatuto departamental es un pretexto ideal para polarizar una vez más el voto departamental, considerando que entre 2008 y 2013 la hegemonía conservadora ha cedido ante el MAS, aunque todavía se mantiene fuerte.
Así, no es posible entender que esa crisis política sea casual. Normalmente, de las tensiones surgen las afinidades políticas.
El editor
