La Defensoría del Pueblo de La Paz expresó su preocupación porque la falta de coordinación entre entidades relacionadas con la temática de los privados de libertad puede derivar en una mayor retardación de justicia para los internos de San Pedro y los que ya no irán a ese penal.
La representante departamental de esa institución, Teófila Guarachi, sugirió a Régimen Penitenciario mantener reuniones con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Departamental de Justicia, entre otros, para una mayor coordinación, a fin de evitar que el proceso de cierre se acuerde a través de comunicados.
“Nos preocupa el hacinamiento, pero también si se habla del cierre, del traslado y todo ello, se debería ver —de manera coordinada— todos esos aspectos (carros, gasolina, seguridad). Ojalá que esto no genere un mayor nivel de retardación de justicia y no se suspendan más procesos”, dijo.
Puso como ejemplo que antes de la vacación judicial en La Paz se suspendieron 91 audiencias porque los privados de libertad no pudieron llegar a los juzgados debido a que el vehículo en el que debían trasladarse no tenía gasolina, pero tampoco había suficientes custodios.
“Ahora estamos hablando de distancias mucho más extensas, de lugares mucho más alejados; realmente habrá que tomar en cuenta estos aspectos con el objetivo de no generar mayor retardación de justicia”, sostuvo.
De acuerdo con el plan de Régimen Penitenciario, los internos que tengan sentencia irán a Chonchocoro, en el altiplano paceño. Mientras que los que son imputables y menores de 25 años serán llevados a Calahuma, en Viacha. Los detenidos preventivos serán trasladados a un centro de reclusión en Patacamaya.
Se prevé que en 2014 ya no habrá más presos
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario prevé cerrar definitivamente el penal de San Pedro en octubre o noviembre del próximo año para entregárselo al Ministerio de Economía y Finanzas.
El director de esa entidad, Ramiro Llanos, espera concretar el cierre entre esos meses, aunque también considera que al final de una etapa los pataleos suelen ser ruidosos, refiriéndose a alguna protesta de parte de los internos.
Tras el cierre de San Pedro y la puesta en marcha de un nuevo reclusorio en Palca, Llanos anunció que se implementará el sistema de vigilancia civil, pues es necesario que la Policía brinde seguridad sólo en los alrededores. “Hemos presentado un proyecto que plantea la necesidad de 70 nuevos ítems para atender las cárceles, y ojalá este año nos otorguen eso y podamos tener más control civil”, afirmó.
