El viceministro de Autonomía Indígena Campesina Originaria y Organización Territorial, Gonzalo Vargas, afirmó que la resolución de conflictos relacionados a límites no debe ser politizada con la intervención de instituciones o autoridades estatales que no correspondan. Señaló esto a tiempo de referirse al contenido de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales.
“Cuando empiezan a intervenir en el conflicto actores distintos, otro tipo de instituciones, comités cívicos u otras autoridades, el problema (de límites) se traba porque se politiza”, argumentó la autoridad. Vargas consideró que los pobladores de cada región en disputa son los únicos que pueden tener poder de decisión sobre el caso.
“Se tomará (la decisión) bajo la voluntad democrática de la población; la intervención de los actores sociales es vital para llegar a acuerdos conciliatorios y así poder resolver el problema de límites”, expresó.
La nueva Ley 339 de límites territoriales fue promulgada el 31 de enero y en su normativa establece que la conciliación es el principal método para resolver conflictos de límites. Vargas sostuvo que a partir del 1 de agosto, fecha en que se empezará a aplicar la nueva norma, se podrán atender los distintos casos de disputas limítrofes en el país.
“El primer paso es que alguna de las autoridades que desee solucionar su problema de límites presente el caso a la entidad que corresponda; si son municipios, a la Gobernación del departamento; y al Ministerio de Autonomías cuando se trate de límites departamentales”, mencionó Vargas.
El viceministro considera que la participación de la población es la vía correcta para poder resolver disputas de límites. “La resolución de estos conflictos de ahora en adelante nunca se hará desde el gabinete frío y jurídico de las instituciones”, acotó.
En este sentido, Vargas explicó que previamente al proceso, las autoridades deben reunirse con los habitantes de su zona para conocer el problema de límites existente. Al referirse al tema, el diputado del MAS Galo Bonifaz indicó que “el objetivo de esta ley es lograr un consenso en la población”.
“Con la ley se van a terminar esas incertidumbres que tiene el ciudadano o los municipios sobre conflictos de tierras”, afirmó el diputado. La modificación y delimitación de tierras estaba contemplada anteriormente en la Ley 2150 de Unidades Político Administrativas de 2000, promulgada durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez.
1 de agosto sin pausa
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, reiteró ayer que a partir del 1 de agosto dejará de estar vigente la pausa administrativa que dictó la Ley Marco de Autonomías, en cuanto a la resolución de conflictos de límites. Al menos, dijo, existen reportados 130 inconvenientes.
UNIR: No sólo es límites
El encargado de la Unidad de Transformación de Conflictos y Desarrollo de Competencias de la Fundación UNIR, Guillermo Roca, afirmó que la Ley 339 no sólo debe definir límites, sino que también debe restablecer las relaciones entre municipios y departamentos.
“Ojalá que todos los conflictos se resuelvan ni siquiera llegando al referendo, sino por la vía de la conciliación; si voluntariamente accedemos a un proceso de conciliación, de alguna manera estamos accediendo a restablecer las relaciones”, sostuvo.
El especialista consideró que el método que aplica la Ley 339 será efectivo porque “la conciliación requiere un cambio de mentalidad, una nueva manera de enfocar la conflictividad”. El nuevo enfoque que sugiere el conflictólogo pretende restablecer escenarios donde hubo violencia.
“El proceso de conciliación no es un mero trámite, están de por medio las relaciones de las personas y comunidades que han estado por mucho tiempo enfrentadas y han protagonizado hechos de violencia por problemas de límites; muchos de estos casos se remontan a tiempos de la Colonia”, indicó Roca. La Ley 339 de delimitación de unidades territoriales establece tres instancias para solucionar conflictos de límites: la conciliación, el referendo (municipios) y el fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
