Un exalojamiento de Patacamaya con capacidad para 300 personas, que estaba como propiedad confiscada, albergará a los detenidos preventivos en juicios del departamento de La Paz. El recinto fue inaugurado ayer por el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
Al acto asistieron el fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce; la titular de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, y otras autoridades nacionales y locales de ese municipio.
Ese inmueble fue habilitado para recibir a detenidos preventivos por delitos menores a partir de mañana, debido a que Régimen Penitenciario dispuso el cierre del penal de San Pedro de La Paz para presos nuevos.
La decisión de clausurar ese recinto fue asumida por esa repartición luego de detectar anomalías en el interior del reclusorio abierto hace 118 años. El 18 de julio el gabinete ministerial autorizó la transferencia de esa infraestructura al Ministerio de Economía.
Irregularidades. La decisión del cierre de la cárcel responde a que se detectaron dos casos mortales de meningitis, a la denuncia de violación a una menor de edad y, además, al ingreso ilegal de droga y alcohol, entre otras irregularidades.
Llanos explicó que la infraestructura de Patacamaya, reclusorio para nuevos internos, tendrá el resguardo, en principio, de cuatro policías. Además contará con personal civil, es decir, un director, una responsable de servicio y mantenimiento, un abogado, una secretaria y una cocinera. Esta autoridad prevé que a medida que vayan llegando más presos, se destinará más efectivos a ese centro de reclusión, así como personal civil.
El Director de Régimen Penitenciario también garantizó el traslado de los detenidos a sus audiencias en la ciudad de La Paz, pues Dircabi entregó un minibús y un bus. Agregó que se trajo un motorizado de Oruro, mientras se tramita la dotación de otro. “No hay por qué preocuparse (del transporte), los reos se van a tener que levantar a las 05.00 para llegar a tiempo a sus audiencias”, manifestó.
Advirtió que los presos partirán todos los días a tempranas horas de la jornada, aún cuando tengan que comparecer ante el juez por la tarde, y retornarán en la noche. A partir de mañana, según las previsiones de Llanos, los privados de libertad que vayan a recibir sentencia serán trasladados a Chonchocoro y a Calahuma, los reclusos que tengan menos de 25 años de edad.
El exalojamiento tiene capacidad para 300 personas y se prevé que en los próximos dos o tres meses se habilitará otra casa que cuenta con dos departamentos, en los que ingresarían aproximadamente 300 presos. Posteriormente, adelantó Llanos, se pondrá en funcionamiento otra infraestructura con capacidad para albergar a 400 personas.
En total, con las tres infraestructuras, se prevé que a Patacamaya se traslade a unos 1.000 detenidos. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Campero, expresó su preocupación porque los arrestados no puedan estar a buen resguardo en Patacamaya.
No obstante, Llanos recordó que la función de los jueces es sentenciar o disponer la detención preventiva de los reos. “Ellos disponen que se los lleve a Patacamaya, depositan al interno, nosotros hacemos su acta y los metemos ahí. Si hay o no seguridad no es tema de ellos”, sostuvo Llanos.
Reclamo de los internos
Violación
Los privados de libertad de San Pedro afirman que el encierro de reclusos en Patacamaya vulnera el derecho de nuevos reos.
Casos
Afirman que al sacarlos de su jurisdicción se les niega el derecho a la debida defensa.
Jueces ordenarán arrestos en San Pedro
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó que mientras no haya una reunión con la Dirección de Régimen Penitenciario, los jueces aún mantengan la orden de detención de procesados y sentenciados en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Así lo afirmó el presidente de esa institución, Iván Campero, quien explicó que, en el encuentro, Régimen Penitenciario deberá esclarecer los cuestionamientos referidos a la seguridad que se da a los detenidos desde que salen de los juzgados hasta que ingresan al penal, lo que también demandará mayor presupuesto.
“Entretanto (no se realice ese encuentro) nosotros vamos a disponer que se siga llevando (a los privados de libertad) a San Pedro”, aseguró Campero. En su criterio, si un detenido es remitido a una cárcel que no brinda la seguridad necesaria, ello ya será responsabilidad de Régimen Penitenciario.
Entretanto, el gobernador del penal de San Pedro, coronel Carlos Coritza, también informó que fue notificado con la resolución de cierre de ese recinto la anterior semana, por lo que anunció que a partir de mañana no dejará entrar a más privados de libertad.
El delegado de los internos de San Pedro, Ever Quiliche, expresó su preocupación porque los futuros detenidos no tendrán derecho a un debido proceso y prevé que habrá más retardación de justicia porque a ellos se les hará más difícil llegar a sus audiencias judiciales. El reclusorio alberga actualmente a cerca de 2.400 personas privadas de libertad.
