La justicia chilena confirmó hoy el rechazo de la petición de sobreseimiento en favor de la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, y del entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, imputados por la fallida alerta del tsunami, del 27 de febrero de 2010.
Según fuentes judiciales, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejó a firme la resolución dictada el pasado 16 de mayo por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que afecta a cuatro imputados.
Los otros dos formalizados (procesados) son el exjefe de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y quién fuera funcionario de Oceanografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez.
La fiscal jefe de la zona Occidente de Santiago, Solange Huerta, aseguró hoy a los periodistas que tras esta decisión, la justicia está en condiciones de seguir avanzando respecto a la investigación sobre la fallida alerta de maremoto.
«Lo que se ha determinado en diversas instancias es que aquí hay antecedentes de la existencia de un delito y de la participación de los imputados que están formalizados», enfatizó la fiscal quien recalcó que «esto se tiene que resolver en un juicio oral».
En 2011, Solange Huerta, que indagó los errores cometidos por las autoridades en el terremoto y posterior tsunami de 2010, imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos Patricio Rosende y Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.
Tanto la Onemi como el SHOA recibieron fuertes críticas por su accionar tras el cataclismo que dejó un saldo de 526 personas fallecidas, 800.000 damnificados y 30.000 millones de dólares en pérdidas, equivalentes al 18 % del producto interno bruto (PIB) chileno de entonces.
Huerta dijo a los periodistas que como Fiscalía «estamos en condiciones de seguir avanzando y llevar esta causa a juicio oral», aunque anticipó que por el momento no es probable que el juicio en contra de los imputados comience en los próximos meses.
«Los plazos están marcados por las actividades de las propias defensas. Como Fiscalía quisiéramos avanzar mucho más rápido porque entendemos que las víctimas tienen derecho a reparación de la forma más próxima posible, pero los plazos no los definimos nosotros exclusivamente», subrayó.
En 2010, se dio a conocer un vídeo grabado en las dependencias de la Onemi en el que se refleja la descoordinación que se registró en horas posteriores al terremoto entre las autoridades, incluida la entonces presidenta, Michelle Bachelet, y los mandos militares.
Asimismo, la Fiscalía ha destacado que tras el terremoto, en Chile se recibieron al menos dos llamadas del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, en Hawai, previniendo que las costas de este país serían azotadas por un maremoto como consecuencia del terremoto de 8,8 grados de magnitud Richter ocurrido a las 03.34 hora local (07.34 GMT) del 27 de febrero de 2010.
