La Defensoría del Pueblo atendió 20.503 denuncias sobre derechos humanos en la gestión 2023. Un dato considerado como histórico por el defensor Pedro Callisaya, debido a que en los 25 años de vida institucional no se registró dicha cifra.
Callisaya habló con “Piedra, Papel y Tinta”, de La Razón, sobre su primera gestión como encargado de velar por el respeto de los derechos de humanos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
“El compromiso es para la población. Estamos en una situación complicada y una fragilidad institucional (que) no lo podemos negar. Hay una polarización y fractura social, (y) nosotros como Defensoría no podemos contribuir a una mayor división, tenemos que contribuir a cohesionar y recomponer el tejido social”.
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En septiembre de 2022, Callisaya fue posesionado como Defensor del Pueblo tras la toma del juramento a cargo del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca.
En su balance de gestión, Callisaya destacó la elaboración de un diagnóstico internacional con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), el Defensor del Pueblo de Guatemala, así como un consultor internacional, quienes visitaron Bolivia y realizaron un diagnóstico sobre las capacidades y recomendaciones.
“Con esas recomendaciones generamos un plan estratégico que ahora lo estamos ejecutando”, dijo.
Añadió que “en este primer semestre tenemos un proceso de restructuración institucional y ahí los vamos a convocar a los bolivianos para que vengan y participen de todas las convocatorias que la Defensoría va a realizar. Estamos con una planificación por resultado”.
Además, informó que, a las 18 oficinas defensoriales existentes, se sumaron tres nuevas dependencias en Pisiga, Villazón y Bermejo, que junto a las de Cobija, Desaguadero y Puerto Suárez permitieron la creación de la red de atención de denuncias en zonas fronterizas.
Dijo que cuando tomó su cargo, se detectó una mínima cooperación internacional en derechos humanos, además de una deficiente gestión de los sistemas informáticos (registro de casos), problemas que todavía tiene la Defensoría y, por ello, se trabaja en la tecnificación.
“Hemos logrado una adhesión al presupuesto, pero fundamentalmente la cooperación está confiando en nosotros. Tenemos la cooperación de OIM (Organización Internacional para las Migraciones), ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), lo que nos ha permitido aperturar estas tres nuevas oficinas y estamos dando sostenibilidad. Estamos recuperando la confianza de la cooperación y la población”.
