La Jindal Steel Bolivia (JSB) afirmó ayer que sería ilegal el lanzamiento de una nueva licitación para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún que le fue adjudicado antes, porque aún no existe una resolución judicial que disuelva el contrato de riesgo compartido con la estatal ESM.
El abogado de la JSB en Bolivia, Jorge Valda, explicó ayer a La Razón que el Gobierno no puede tomar esa decisión porque a la fecha ningún juez resolvió a quién correspondería las causales del incumplimiento del contrato de riesgo compartido entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la siderúrgica india Jindal Steel & Power a través de la JSB.
“Por principios constitucionales de la seguridad jurídica, cuando aún no se ha rescindido un contrato, no se lo ha disuelto, y no se han culminado los efectos jurídicos de un contrato en el ordenamiento jurídico de un país, entonces no se puede iniciar una nueva relación contractual”, argumentó Valda, tras conocer que el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, anunciara el domingo que alista la documentación para licitar el 50% del yacimiento de hierro que está en litigio con la firma india.
El 18 de julio de 2007, la ESM y la JSB suscribieron un contrato de riesgo compartido para que ésta explote el 50% del yacimiento de hierro que también debía industrializar. De acuerdo con el pacto, la JSB debía invertir $us 2.100 millones en seis años, $us 600 millones en los dos primeros años. El incumplimiento de lo comprometido le costó a la empresa la ejecución de sus dos boletas de garantía por un valor de $us 36 millones.
La Razón intentó contactarse con el presidente de la ESM, José Alberto Padilla, pero desde las oficinas centrales de la siderúrgica, en Puerto Suárez, indicaron que éste se encuentra en La Paz haciendo trámites. El Ministerio Público inició en mayo de 2012 una investigación de oficio a los ejecutivos de Jindal, acusados por el Gobierno de incumplir las inversiones comprometidas.
Valda informó que la jueza 10° de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, estableció que se venció el plazo de 90 días para que el Ministerio Público resuelva el caso, por lo que conminó a esta instancia a presentar un informe de la investigación, pues de lo contrario la acción penal que se inició contra la JSB se extinguirá. “Calculo que en el transcurso de esta semana va a notificar al Ministerio Público, que va a tener cinco días a partir de esa notificación para pronunciarse al respecto”, dijo.
Según Valda, no se realizaron acciones investigativas y lo único que se hizo fue incautar bienes de la JSB y tomar posesión de ellos, cuando en este periodo se debía tener al menos indicios de responsabilidad respecto al incumplimiento de contrato.
El 16 de julio de 2012, la siderúrgica india envió una carta a la ESM en la que dio por terminado el contrato de riesgo compartido que suscribió en 2007. Para evitar la salida de la maquinaria, el Ministerio Público solicitó el resguardo militar y policial del yacimiento del Mutún y, posteriormente, el 20 de julio se allanaron las oficinas de la JSB en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez con el propósito de impedir la salida de información y las maquinarias.
Solicitudes que hizo la empresa
Gas
Para poder explotar el hierro e industrializarlo, la JSB hizo un requerimiento inicial a YPFB de 4,5 millones de metros cúbicos de gas natural (MMmcd) a partir de 2014; de 6 MMmcd en 2016 y de 10 MMmcd en 2017 y programó el inicio de operaciones para octubre del próximo año.
Arbitraje
Jorge Valda, abogado de la JSB, indicó que a la fecha sólo existe una demanda de arbitraje por la ejecución de la primera boleta de garantía que la ESM ejecutó en 2010, por $us 18 MM.
