La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer las modificaciones a la norma sancionada con el título original de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras y que fue sustituida por el nombre de Ley de Reversión de Derechos Mineros.
Según un boletín institucional, de acuerdo con las modificaciones del Ejecutivo, esa norma jurídica tiene como objetivo establecer las causales de reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) y contratos mineros, en función al carácter estratégico y de interés público de los recursos naturales, previa verificación de la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras.
En su artículo segundo determina la reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales y contratos sobre recursos naturales mineros ante la verificación de la inexistencia de actividades mineras, conforme a lo que dispone esta normativa.
Según el artículo tercero, el Viceministerio de Política Minera será el encargado de la verificación de las actividades mineras, la regulación y fiscalización mediante procedimientos técnicos operativos definidos por la autoridad del sector, a partir de la publicación de la ley.
El documento establece también que la reversión o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiese producido como consecuencia de avasallamientos (en cuyo caso debe existir una denuncia formal) o como resultado de una disposición de autoridad competente.
