Según el informe anual 2012 del Defensor del Pueblo, ese año, del total de su presupuesto, el 43% provino del Tesoro General de la Nación (TGN); el resto es cooperación. El documento señala que el año pasado la Defensoría tuvo una ejecución presupuestaria del 87,9%.
El “XV Informe 2012”, presentado hace poco a la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala que ese año el Defensor del Pueblo tuvo un presupuesto de Bs 36,1 millones, de los cuales Bs 15,7 millones (el 43%) eran recursos provenientes de las arcas nacionales; en tanto que Bs 20,4 millones (el 57%) venían de “canastas de fondos”, Unicef, Onusida, entre otros cooperantes.
Y eso que la cooperación internacional bajó con relación a pasadas gestiones. Mientras en el quinquenio 2007-2011, el Defensor recibió de parte de la cooperación $us 12,5 millones; en el periodo 2012-2016, “el financiamiento del mismo origen se redujo a $us 7,3 millones, es decir un 40% menos”. Esto se explica, destaca el documento, por la reducción de siete a tres agencias de cooperación en el país.
Según el compendio informativo de la Defensoría, son cinco las instituciones cooperantes que aportan con montos significativos al total de los recursos (ver cuadro).
En lo relativo a la eficiencia en el gasto de parte de la Defensoría, destaca que el nivel de ejecución de la institución en 2012 alcanzó el 87,8% en actividades y proyectos; en tanto que la ejecución física fue del orden del 84,12%. Por norma, los recursos no ejecutados el año pasado son transferidos a la gestión 2013.
El presupuesto asignado en 2012 fue de Bs 36.113.753; ejecutándose Bs 31.741.545; el saldo se registra en el presupuesto de 2013.
Si bien el origen del trabajo del Defensor son los derechos humanos básicos, existen programas como: seguridad ciudadana; políticas públicas en derechos humanos y gestión de conflictos; derecho a la consulta, derecho a la salud; trata y trafico de niñas, niños y adolescentes; y los procesos autonómicos.
La Defensoría del Pueblo fue creada en 1998, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), y tiene como misión velar por la vigencia de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, y crear “conciencia comprometida por los derechos humanos”, como principio.
Los objetivos del Programa Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 comprenden programas como Derechos humanos en la construcción del Estado Plurinacional; Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos; Vigencia de los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; y Derechos de la Madre Tierra; finalmente, Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría tiene atribuciones tanto legislativas como jurídicas conferidas por la Carta Magna para proponer leyes y hacer seguimientos de anteproyectos en la Asamblea Legislativa.
Según el informe, durante 2012 la institución recibió 12.735 denuncias por vulneración de derechos en 16 regiones del país, de los cuales 12.724 se orientaron a través de gestión e investigación; sólo en 11 casos la Defensoría no intervino. De las 12.735 denuncias, 8.099 (el 64%) se ubicaron en las ciudades de La Paz y El Alto. El municipio con más denuncias de vulneración de derechos es La Paz, con 4.112 casos (32%), siguiéndole de cerca El Alto con 3.987 (31%).
La Defensoría tiene representatividad en las comunidades indígenas originarias y campesinas del país como parte de la política de defensa de los derechos de los pueblos.
Las comunidades destacan el apoyo en la elaboración de los estatutos autonómicos.
Como parte de la intervención en conflictos sociales, el Defensor del Pueblo participó en la resolución de diferendos limítrofes territoriales, más o menos graves, como Mallku Khota-Ocuri; Coroma-Quillacas. Dos de los casos en que la labor defensorial tuvo destacada participación fueron Chaparina y Porvenir, donde se gestionaron las investigaciones.
Defensor: Antirracismo no avanza en el Estado
La Defensoría del Pueblo asume que el retraso en la aplicación del plan de acción de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación por parte del Gobierno dificulta la atención de denuncias presentadas a la institución.
En el “XV informe 2012” de la institución entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se enumeran los casos presentados al Comité de Lucha Contra el Racismo.
La Ley 045 dispone que el Viceministerio de Descolonización promueva un plan de acción de lucha contra el racismo y discriminación para aplicar en las instituciones públicas. A la fecha son pocas las entidades del Estado que ejecutan este plan.
El informe destaca que en 15 regiones se recibió 452 denuncias por discriminación, de las cuales se admitieron 282 y sólo 170 fueron gestionadas a través de una investigación.
En la gestión 2012 cerca del 38% de los casos fueron orientados a través de investigación o intervención. El reporte informa que de todas las denuncias recibidas, el 54% corresponde a entidades públicas y 46%, a privadas. Además, el mayor índice se registró en el área urbana.
Pese al retraso, la Defensoría considera que existe un avance significativo sobre el tema.
El reporte de esta institución hace una reflexión sobre las denuncias de discriminación a bolivianas y bolivianos en el extranjero; según el texto, el tema debe trabajarse más.
