La Intendencia Municipal y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz solicitaron imponer sanciones más duras a los propietarios de los “bares de remate”, que vuelven a abrir sus puertas a pesar de la clausura definitiva.
“Como defensora de la sociedad, la Fiscalía debería tomar acciones más fuertes, más allá del control administrativo de las alcaldías”, dijo el intendente Mauricio Ruiz.
La Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas dispone que quienes vendan alcohol fuera del horario permitido —de 03.00 a 09.00 y en horarios establecidos por las alcaldías mediante norma expresa— serán sancionados con la imposición de una multa, la clausura temporal, la clausura definitiva y, como castigo mayor, el arresto del propietario por ocho horas.
“El Gobierno Municipal sólo los clausura, pero igual siguen funcionando ilegalmente”, reclamó Arturo Quispe, titular de la Fejuve La Paz.
El presidente del Concejo, Omar Rocha (UN), no cree que este problema se resuelva endureciendo las leyes, sino aplicando programas sociales dirigidos a los bebedores. “Tampoco podemos estar poniendo permanentemente gente para esos lugares. Nosotros hemos cumplido; podemos aprobar penas más duras, pero no sé si lo solucionará”, advirtió.
La Alcaldía paceña lleva adelante un proceso penal contra los dueños del bar El Caballito, que funciona en Villa Fátima, pese a ocho clausuras. Si la sentencia es favorable a la comuna, la pena máxima que se les puede aplicar a los propietarios es de dos años de cárcel. “Es como cortar un árbol con una lima de uñas. Si las penas fueron de 10 o 15 años, disminuirían notablemente”, señaló el Intendente.
Las excusas que dan los administradores de estos negocios para continuar abriendo, a pesar de que se les ordena cerrar y se decomisan sus muebles, es que “tienen fiestas privadas”.
La Fejuve denuncia amenazas de dueños
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz denunció que sus afiliados reciben amenazas anónimas cuando denuncian a la fuerza pública la existencia y ubicación de los “bares de remate”.
“Como juntas vecinales se nos hace difícil (encarar esta situación), ya que de cada representante que denuncia su vida corre peligro”, afirmó el presidente de la organización, Arturo Quispe.
Las amenazas contra el dirigente denunciante o su familia llegan vía telefónica o a través de mensajes de texto (SMS) y en las que anuncian que les pasará algo si persisten en acusarlos.
La advertencia de iniciar un proceso por allanamiento a los policías a cargo de los operativos es otra forma de intimidación empleada por los propietarios, pese a que la Ley de Control del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas señala en su artículo 13 que no se puede limitar “de ninguna forma” su acceso ni alegar allanamiento o falta de orden judicial para su ingreso.
Pero no sólo los propietarios de estos negocios clandestinos amenazan, sino los bebedores. En un operativo sorpresa, efectuado el martes 3 de septiembre por efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) La Merced, una consumidora, obligada a desalojar un local en Villa Fátima, amenazó a la periodista de La Razón. “Muy mal, algo te va a pasar”.
