Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.
La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas, grupos sociales y de izquierda.
Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido en el cementerio.
La marcha, que estaba autorizada, transcurrió de forma pacífica hasta que al llegar a las inmediaciones del cementerio, un reducido grupo de encapuchados protagonizó incidentes aislados y se enfrentó a la Policía.
La fuerza pública usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados, y efectuó varias detenciones, aunque por el momento se desconoce su número.
Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura estuvo precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación.
Culpa. La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, pidió perdón por sus “acciones y omisiones” durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema reconoció “que no hizo lo suficiente en dictadura”, si bien evitó hablar de perdón.
El presidente Sebastián Piñera denunció que ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación hicieron todo lo que debieron para frenar las atrocidades ocurridas durante el régimen del general Augusto Pinochet.
Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. “No estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que queremos es que se empiece a hacer justicia y se conozca la verdad de lo que ocurrió”, declaró a EFE Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Pizarro exigió que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio, “vive bajo una constitucionalidad autoritaria”, en referencia a la Carta Magna, que aunque ha sido reformada fue redactada y aprobada en el gobierno militar.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que espera no tener que esperar otros diez años para que la Justicia haga su trabajo. “Los que hoy piden perdón, esperaron 40 años (…), no nos interesa una reconciliación basada en la impunidad”, enfatizó.
Además de los jueces, algunos políticos han reconocido su responsabilidad en lo sucedido tras al golpe de Estado que derrocó al gobernante socialista Salvador Allende, como el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick.
