El comandante de la V División del Ejército acantonada en la población cruceña de Roboré, general Carlos Zurita, se negó a responder a un requerimiento de informe escrito de la Defensoría del Pueblo sobre las circunstancias de la muerte del conscripto César Daniel Carlos López, denunció la institución.
El muchacho, de 18 años, oriundo de La Paz, quien cumplía su servicio en el regimiento Fuerzas Especiales 15 Junín de Roboré falleció el 19 de agosto.
Los militares dijeron que se cayó de un vehículo en marcha, el 17 de agosto. Se presume que la víctima —quien según la autopsia murió por un traumatismo encéfalo craneal— efectuaba un trabajo para un superior junto con otros reclutas.
El 20 de agosto, el representante de la Mesa Defensorial de Puerto Suárez, Osman Méndez, le envió una nota a Zurita solicitándole información.
Sin embargo, el jefe militar se rehusó y le sugirió que requiera el informe al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, alegando que él “es el representante legal de la institución armada ante los poderes públicos”.
Esta negativa, argumentó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, viola la ley del defensor y la Constitución Política del Estado, que en el artículo 223 dispone que “las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida”.
Desde 2010, según un recuento efectuado por La Razón, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales falleció en los cuarteles en presuntos accidentes (ahogamientos, caídas, disparo de armas, etc.).
