La Alcaldía del municipio orureño de Poopó carece de registros de las muestras de arte rupestre que fueron destruidas por la ampliación de una carretera, informó ayer Julio Alejandro Ballivián, jefe de la Unidad de Arqueología y Museos (Udam) del Ministerio de Culturas.
En 2011, la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) denunció la destrucción de grabados durante la ampliación de la carretera que une los municipios de Antequera con Poopó. El reclamo del grupo de expertos llegó hasta el Ministerio de Culturas, desde el que se contactaron con las autoridades locales. En Poopó no existe un catálogo de este patrimonio cultural. “Sabemos que han habido daños, pero no podemos evaluarlos correctamente porque no existe forma de comprobar cómo estaban antes. Éste es un problema generalizado en el país”, aseguró la autoridad de la Udam.
El secretario de Cultura de la Gobernación orureña, Ronald Choque, informó a La Razón que su oficina no recibió ninguna denuncia. Ballivián anticipó que se trabajará en concienciar a las alcaldías para que registren sus bienes culturales.
Las constructoras deben contratar un arqueólogo
Tanto el ministro de Culturas, Pablo Groux, como el jefe de la Unidad de Arqueología y Museos (Udam), Julio Alejandro Ballivián, aclararon que, según la Ley 1333 de Medio Ambiente, las empresas constructoras deben contar con el asesoramiento de un arqueólogo para evitar daños al patrimonio cultural y, en su caso, detectar posibles yacimientos.
“Antes de iniciar un proyecto la empresa debe realizar una inspección para evitar dañar los sitios patrimoniales o afectar las manifestaciones culturales”, dijo Ballivián. Esta disposición se reforzará con una nueva Ley de Patrimonio.
