La aplicación de las leyes promulgadas a favor de la mujer y la inversión de más recursos para lograr su desarrollo son los nuevos desafíos para Bolivia, según ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres).
“Veo avances grandes en Bolivia, hay leyes y un debate público muy fuerte sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género, pero ahora el desafío es implementar las normas y lograr un mayor costeo para mejorar la situación de las bolivianas”, expresó ayer la representante de ONU Mujeres, Asa Regner.
La declaración fue realizada ayer tras la inauguración del seminario internacional “Experiencias y metodologías de costeo para la equidad de género”, que se lleva a cabo desde ayer en Santa Cruz de la Sierra. El evento tiene el objetivo de destacar la importancia de la inversión en planes nacionales para la igualdad entre hombres y mujeres.
En ese marco, Regner destacó la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el 9 de marzo de este año; y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012. Sin embargo, señaló que aún hace falta trabajar para implementarlas con prioridad.
“Sabemos que es un proceso que toma tiempo, por eso es muy importante adoptar una estrategia de implementación, dar prioridad y poner presupuesto. En este seminario debatimos un modelo propio para Bolivia”, indicó en el acto la representante de la ONU Mujeres.
Cambios. Asimismo, la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, resaltó que el país avanzó a nivel de Latinoamericana y el Caribe, pero con cambios “aún tímidos”, por lo que sugirió crear políticas públicas para asignar presupuestos que apunten a frenar la desigualdad de género.
La Ley Integral establece que los gobiernos municipales presupuesten recursos para afrontar y disminuir la violencia hacia las féminas; pero de 339 municipios sólo cerca de 20 solicitan montos para el funcionamiento de un Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), según un estudio efectuado por el Ministerio de Autonomías. Los datos fueron publicados el domingo por La Razón. El informe corresponde a la ministra de Autonomías, Claudia Peña, que en un reciente comunicado a los gobiernos municipales les recordó que están en la obligación de implementar y poner en funcionamiento un SLIM.
Estos 20 municipios pertenecen a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Al año, se estima que un municipio gasta un mínimo de Bs 203.000 para el mantenimiento de un SLIM, que funciona con un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.
“Éste es un tema de prioridades, de no ver la importancia del tema y en qué medida afecta a la convivencia social. Hay municipios que cuentan con muchos recursos, pero no lo ocupan en SLIM”, dijo Peña, quien también participa del seminario.
Grisby fue más concreta, señaló que hay que convencer al Ministerio de Economía y a los legisladores, porque debe ser una labor de todos los estamentos involucrados en la problemática. “Es necesario no desmayar, en el sentido de seguir con el trabajo y conseguir herramientas, por eso hablamos del costeo, que significa hacer un presupuesto con una perspectiva para cerrar las brechas de desigualdad”, acotó.
Datos del evento en Santa Cruz
Seminario
Es organizado por ONU Mujeres y los ministerios de Autonomías y Justicia, con la colaboración de la Unión Europea.
Participantes
Hay la participación de los representantes de 25 países de cuatro continentes.
Documento
Las conclusiones serán definidas mañana y posteriormente difundidas por los ministerios involucrados.
