El Gobierno brasileño «amenazó» con «expulsar» al senador boliviano Roger Pinto si comparecía la semana pasada al Congreso, que quería conocer su versión sobre la supuesta «persecución» que sufre en su país, afirmó hoy su abogado, Fernando Tiburcio.
El abogado y el senador, que estuvo más de un año acogido en la embajada de Brasil en La Paz y logró abandonar su país el pasado 23 de agosto con ayuda diplomática y sin el necesario salvoconducto, declararon hoy ante un juez en favor del exencargado de negocios de esa legación Eduardo Saboia, quien facilitó la fuga.
Según dijo Tiburcio, la comparecencia de su cliente al Congreso brasileño, prevista para el pasado día 3, fue suspendida después de que el viceministro del Exterior de Brasil, Eduardo Santos, le llamó para advertirle de que Pinto sería «expulsado» del país si comparecía ante las cámaras.
Cuando ingresó a Brasil, Pinto presentó un pedido de refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia y aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud, que en caso de ser aceptada le impediría al senador hacer declaraciones políticas, pues podría costarle ese estatus.
Frente al juez, Pinto volvió a negar las acusaciones de supuesta corrupción que pesan en su contra en Bolivia y las atribuyó a una «persecución» por su activa oposición al presidente Evo Morales .
Confirmó que fue ayudado por Saboia, quien «entendió que después de más de un año» en la embajada su salud se deterioraba y su vida «estaba en peligro».
Saboia está sometido a un proceso disciplinario en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la colaboración prestada en ese caso y tanto su declaración como la de Pinto ante un juez fue tramitada por su defensa, que de esa manera pretende reforzar sus alegatos.
La audiencia fue en un tribunal de Brasilia, ante el que Saboia reiteró que ayudó a Pinto por «razones humanitarias», una vez que estaba refugiado en la embajada desde el 28 de mayo del año pasado y «no tenía ninguna perspectiva» de obtener el salvoconducto.
Admitió que puso a disposición del senador un coche diplomático y una escolta de soldados de la embajada, que trasladaron a Pinto a la ciudad brasileña de Corumbá por tierra, en un viaje que duró cerca de 22 horas.
La salida de Pinto, que Bolivia consideró una «fuga», generó un conflicto diplomático entre ambos países, superado hace diez días en una reunión que el presidente Morales sostuvo con la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, en el marco de la última Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
También llevó a la renuncia del entonces canciller brasileño Antonio Patriota, quien fue sustituido el pasado 28 de agosto por Luiz Alberto Figueiredo.
Pinto responde ante la justicia boliviana en cinco juicios por supuesta corrupción y en uno de ellos ya ha sido condenado a un año de prisión, razones en las que se escudaba el Gobierno para negarle el salvoconducto.
La semana pasada, tres ministros del Gobierno boliviano hicieron una visita a Brasilia y entregaron, tanto al Ministerio de Justicia como a la Conare, voluminosos documentos sobre los procesos en los que el senador responde ante la justicia de su país.
