El ministro de Seguridad de la provincia argentina de Córdoba, Alejo Paredes, y el jefe de Policía, Ramón Frías, renunciaron hoy en medio de un nuevo escándalo por los presuntos vínculos entre policías y redes de narcotráfico.
Ambas dimisiones, reclamadas por todo el arco opositor, ocurrieron dos días después de la detención del jefe de la división de drogas peligrosas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa, y otros cuatro policías acusados de connivencia con traficantes de estupefacientes.
Los funcionarios señalaron que la investigación judicial en curso se limita a la unidad de drogas peligrosas, pero renunciaron a sus cargos para «no permitir que se afecte a la acción gubernamental».
Paralelamente a las detenciones, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron el miércoles las dependencias de la Jefatura policial cordobesa y secuestraron bolsas de droga sin declarar y armas.
«No era droga no declarada, era droga para entrenar perros», justificó en declaraciones radiales el jefe de Gabinete del gobierno provincial, Óscar González, quien ocupará provisionalmente la cartera de Seguridad.
«El tema es muy grave. Se está formando una narco provincia, con un nivel de instalación de la droga en cada rincón de la provincia, con vinculaciones con el poder político», denunció ayer el senador opositor Luis Juez.
El escándalo de Córdoba se suma a los desatados en la vecina Santa Fe, donde se produjeron dos relevos de la cúpula policial en sólo tres meses por presunta connivencia entre jefes policiales y narcotraficantes.
El enfrentamiento por el territorio entre bandas ligadas al tráfico de drogas en la ciudad santafesina de Rosario ha provocado un rápido aumento de la violencia.
Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, en 2004 se contabilizaron 70 homicidios relacionados con las drogas, mientras que sólo en la primera mitad de este año, son ya 116 los fallecidos por la guerra entre bandas en esta ciudad, situada 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
El auditor general de Argentina, Leandro Despouy, denunció el pasado julio que el Estado argentino había renunciado de forma deliberada a controlar el tráfico de drogas por vía aérea y marítima.
En acusaciones desmentidas por el Gobierno, Despouy calificó a los puertos argentinos de «zonas liberadas» para el narcotráfico.
El último informe anual de Naciones Unidas ubicó a Argentina como el tercer exportador de cocaína mundial, por detrás de Brasil y Colombia, según el origen de los cargamentos decomisados entre 2001 y 2012 en el mundo.
