La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sancionó una ley que asigna los fondos obtenidos con las regalías de la extracción del petróleo a mejorar los sistemas públicos de salud y educación, que actualmente sufren graves deficiencias.
La ley, aprobada por el Congreso al calor de las protestas sociales del pasado junio, otorga el 75% de las regalías petroleras a la educación y el 25% a la sanidad.
Al sancionar la ley, Rousseff afirmó que “la educación es cara” y “no se puede economizar” en ella, porque ello significaría “el triunfo de la ignorancia”. “Es necesario dar un salto de calidad en la enseñanza para poder dar un salto de calidad en todas las actividades, desde la investigación científica hasta en la economía”, afirmó Rousseff en un discurso en el palacio presidencial ante centenares de estudiantes y representantes del Legislativo y Ejecutivo.
La mayor inversión en educación traerá beneficios a largo plazo y servirá para “volver irreversible el proceso de reducción de desigualdades” que “este país que fue esclavista aún mantiene”, dijo.
El nuevo reparto de fondos sólo se aplica a los bloques exploratorios que hayan sido declarados de interés comercial a partir del 3 de diciembre de 2012. Los yacimientos que lleven más tiempo en explotación continuarán siguiendo la legislación anterior, que destina las regalías a los gobiernos estatales y municipales.
En los ricos yacimientos del presal, los mayores encontrados en los últimos años en el país, ubicados en aguas profundas del Atlántico, se aplicará un régimen diferente, por el que tan sólo se reservará la mitad de sus regalías a la sanidad y educación.
El Gobierno calcula que en 2013 se destinarán 770 millones de reales (cerca de 337 millones de dólares) a la sanidad y la educación públicas gracias a esta ley.
Las regalías petroleras podrían sumar 112.250 millones de reales (unos 49.232 millones de dólares) en los próximos diez años, según cálculos de la Presidencia.
