En estos últimos días hemos presenciado nuevamente la pelea que proviene del gremio de los abogados. Es el caso de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en la que un abogado, atribuyéndose la victoria de las elecciones irregulares para el rectorado, quiso apropiarse de esa casa de estudios superiores, ocasionando graves enfrentamientos en la comunidad universitaria. También vimos por distintos medios que en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas armaron una batalla campal, dejando heridos y destrozos en el mobiliario de la indicada universidad. Tiempo atrás, la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) no estuvo lejos de este tipo de violencia, generada por estudiantes y docentes, todo por apropiarse de la dirección de la carrera y del centro de estudiantes.
Podríamos sumar a estos hechos recientes el caso de la organización criminal de extorsionadores encabezados por dos abogados que trabajaban en el Ministerio de Gobierno; pero si seguimos sumando otros casos estructurales, como la retardación de justicia y la mala administración de la misma, obedece principalmente a las maniobras de los abogados; y es que pese a que nuestro sistema jurídico plurinacional ha cambiado, los valores, la ética y el comportamiento de los juristas no se han modificado en gran medida.
Una pregunta lógica es ¿qué formación académica reciben los abogados? ¿Qué valores y ética se inculcan en los espacios universitarios? ¿Quiénes son los profesores donde se estudia Derecho? La sabiduría popular se mofa de los abogados desde la época colonial, con una danza llamada Doctorcito. Qué nombre más preciso, pues es una manera de ridiculizar a aquel personaje arribista, inescrupuloso, oportunista, que se aprovecha de su profesión y del conocimiento de las leyes para usufructuar y chantajear a sus clientes, sea quien fuese, y así acrecentar su poder económico y su estatus social. ¿Cuánto ha cambiado este comportamiento colonial en tiempos del “proceso de cambio”?
Lamentablemente hasta ahora, de manera de facto, los juristas aún usan el título académico de doctor que en realidad no poseen, pues muchos de ellos son licenciados. ¿Será que el Ministerio Público se anima a enjuiciar a quienes usurpan el título de doctor que no tienen? Hoy en día una manera de cuestionar ese usufructo arbitrario es denominándolos aboganster, por una fácil asociación que tienen con el mundo del hampa. Las universidades públicas precisan hacer una reforma profunda a sus carreras y preguntarse: ¿qué tipo de profesionales estamos formando?, sobre todo en las carreras de Derecho.
Es de lamentar que las reglas de juego democrático en las universidades sigan siendo arcaicas y tan neoliberales, que es una especie de invitación para que los abogados oportunistas actúen. Las universidades estatales deberían mostrar propuestas nuevas para tiempos de cambio; incluso ir más allá, es decir, con propuestas innovadoras. A pesar que hoy vemos a hermanos y hermanas aymaras y quechuas en puestos importantes de la administración de la justicia plurinacional, el comportamiento, la actitud y los valores siguen siendo casi los mismos de antes. Obvio, hay algunos casos de excepción. Es decir, el colonialismo de los doctorcitos sigue triunfando. Janiw akch’as waliki uka tukturanakan sarnaqawipaxa, amtawipaxa. ¿Janich ukhamaxa?
