Recientemente, la Agencia de Noticias Fides daba a conocer que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo recibió la denuncia de una mujer que pedía auxilio porque su esposo le había roto los labios y pisado en el suelo, pese a su estado de embarazo. El primero en acudir fue el teniente Ariel Osinaga de la Policía de Ayuda al Ciudadano, comprobando que quien estaba implicado en la brutal golpiza era uno de los integrantes del grupo musical María Juana, Juan Carlos Veizaga Sansuste.
La denuncia se trató, por decir menos, de forma extraña. El agresor fue puesto en libertad porque la esposa “habría desistido de oficializar la denuncia, siendo aceptada por los efectivos policiales de turno debido a una llamada de una autoridad policial jerárquica”. Juan Carlos Veizaga, en aparente estado de ebriedad, amenazaba con que “no sabían con quién se estaban metiendo”. Esta actuación de la FELCC ha provocado que la Red de Lucha Contra toda Forma de Violencia contra la Mujer del Valle Bajo exija un informe detallado del caso, ya que se advierte un presunto encubrimiento e incumplimiento de deberes de los efectivos policiales que atendieron el hecho.
Días después, el grupo cochabambino María Juana decidió alejar de sus filas a Juan Carlos Veizaga Sansuste. La agrupación informó, mediante un comunicado, que esta determinación fue tomada para que el acusado asuma “las consecuencias de sus actos ante las instancias que correspondan”.Sorpresivamente, días atrás, en un programa de televisión, la víctima apareció reconciliada con su agresor, negando todos los hechos de violencia.
Este hecho revela tres temas centrales de nuestra sociedad en el abordaje de la violencia. En primer lugar, la constatación de la deficiencia de la Policía en la atención de la violencia. En este caso, por la popularidad del agresor, se hace público un ejemplo de lo que diariamente sufren cientos de mujeres. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) nos revela que, en promedio, cada día 299 mujeres denuncian violencia y, en los últimos cinco años, de 442.000 denuncias de violencia sólo 96 lograron sentencia ejecutoriada.
El segundo, la profunda dificultad psicológica para que una víctima asuma un hecho de violencia y lo denuncie. Usualmente, engañadas por el agresor con una temporal reconciliación, encubrimos el hecho, lo justificamos y realmente nos convencemos de que nunca volverá a ocurrir… hasta que ponemos en riesgo nuestra vida. Romper con la violencia es un proceso largo, que puede tomarnos años de dolor.
Por último (y ya desde el optimismo) tiene relación con la actitud del grupo musical al expulsar al agresor, aplicando un castigo social que podría implicar el fin de su carrera artística. El grupo nacional, en su declaración pública, expresa: “solidarizándonos por las víctimas de cualquier agresión física y psicológica, dejamos en claro que María Juana nunca será cómplice de semejantes transgresiones”. Si esta afirmación refleja el sentir de la sociedad boliviana sobre la violencia contra las mujeres, vamos por buen camino. Ninguna ley será más efectiva que una sociedad absolutamente intolerante con hechos de violencia.
Por todo ello, la acción del grupo musical María Juana sienta un precedente ejemplar de cómo debemos comportarnos todos y todas frente a la violencia: nunca más silencio cómplice, incluso con quienes amamos.
