El presidente de Chile, Sebastián Piñera, analiza el cierre del Penal Cordillera, debido a las inmejorables condiciones que esta cárcel da a militares condenados por violación de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Cordillera fue construido en 2005 en el sector precordillerano de Peñalolén, donde está preso el excoronel Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) —la temida policía política que operó en los años más sangrientos de la dictadura—, condenado a más de 400 años de cárcel por secuestros, ejecuciones y torturas. Otra decena de exmilitares también purgan penas en esa cárcel, resguardada por 35 gendarmes.
En el penal, localizado en el sureste de la capital, los presos reciben dietas diferenciadas dependiendo de sus requerimientos de salud y gozan de beneficios que no existen en otras cárceles chilenas, como dormitorios, cocinas con electrodomésticos, baños con agua caliente, salas de estar, además de cancha de tenis y cuidados jardines.
“Tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas y religiosas”, además de “contacto permanente con sus familias”, según un reciente informe de la Corte de Apelaciones de Santiago. Piñera, el primer mandatario de derecha desde el fin del régimen de Pinochet, solicitó una serie de informes para estudiar la clausura del recinto.
“Lo que estamos viendo y analizando es si se justifica la mantención del Penal Cordillera”, indicó Piñera volviendo a marcar diferencias con su sector respecto a la condena a la violación a los derechos humanos durante la dictadura —que se saldó con más de 3.200 víctimas— y el tratamiento de los militares condenados. “Con los antecedentes que hemos analizado, vamos a tomar una decisión en los próximos días”, expresó Piñera a medios chilenos en Nueva York, donde participa de la 68 Asamblea General de la ONU.
“Si Piñera finalmente cierra el penal sería muy simbólico, al ser el primer presidente de derecha en dos décadas e implicaría el quiebre definitivo de un sector de la derecha chilena con los factores que llevaron al golpe de Estado y la figura de Pinochet”, dijo a la AFP el analista Guillermo Holzmann.
Privilegios. “No parece correcto que haya presos con un trato tan dispar. La diferencia es brutal”, señaló de su lado Tomás Vial, editor del Informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
La construcción de recintos penales especiales para militares obedeció a un pacto político, a inicios de la transición a la democracia en el país, en momentos que Pinochet se mantenía al frente de la Comandancia del Ejército.
“A mí no me van a tocar un solo hombre”, advirtió Pinochet en 1990, tras un episodio en el que el exdictador movilizó tropas frente a las primeras investigaciones por casos de violación a los derechos humanos, demostrando el poder que seguía manteniendo aun después de dejar el Gobierno.
No es distinto a lo que pasa en otros países de la región, como Perú, donde el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, está preso en un departamento especial que no comparte, dentro de una base policial de Lima. En Argentina, en cambio, todos los militares y policías condenados por este tipo de delitos purgan condenas en cárceles comunes.
De acuerdo con cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a septiembre de 2011, en Chile había 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales. La situación de los reos militares contrasta con la del resto de la población penal chilena, de 53.000 reclusos, con una tasa de hacinamiento que supera el 70%.
Prepararon un asado en la prisión
El martes, los reclusos del Penal Cordillera organizaron un asado de camaradería para homenajear a uno de los internos, pero debido a los fuertes cuestionamientos de la sociedad chilena por los privilegios que tienen estos reos, finalmente la celebración se suspendió. AFP
