La empresa Soboce espera la notificación sobre la convalidación que hizo el Gobierno de la multa que le impuso la Aemp. En tanto, las cementeras Itacamba y Coboce todavía no deciden si presentarán otra acción legal para revocar dicha sanción.
El gerente general de la cementera Itacamba, Alexander Capela, informó ayer a La Razón que el Ministerio de Desarrollo Productivo ratificó la multa de 78.410 UFV (Bs 140.582) que le impuso la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp).
El 22 de septiembre, la titular de esa cartera de Estado, Teresa Morales, dijo que su despacho ratificó el recurso jerárquico que aplica un multa de 28,55 millones de UFV (Bs 51,19 millones) en contra de la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce).
El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, reiteró su “extrañeza” debido a que hasta ayer la compañía no fue notificada sobre la confirmación de la multa impuesta por la autoridad reguladora. Señaló que una vez que la compañía conozca la resolución administrativa se pronunciará.
Además de esa cementera, el Ejecutivo confirmó las multas de 7,14 millones de UFV (Bs 12,81 millones) en contra de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa); de 4,68 millones de UFV (Bs 8,39 millones) en contra de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (Coboce).
El 23 de noviembre de 2012, la Aemp emitió la Resolución Administrativa 115/2012, mediante la cual multó a las cuatro cementeras con 40,46 millones de UFV (Bs 72,54 millones) porque éstas habrían incurrido en prácticas anticompetitivas, se habrían distribuido cuotas de mercado en los departamentos y habrían eliminado los descuentos para los usuarios.
Ante esa resolución, Capela indicó que el departamento legal de la firma está “evaluando el tema y aún no tenemos una posición”. El gerente de Planificación y Operaciones de Coboce, Cristian Olea, reiteró que considerarán efectuar “lo que les permita la ley”.
Ratifican proceso ante el TSJ
El lunes, La Razón informó que el directorio de Fancesa determinó, el 20 de este mes, presentar un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que el Órgano Ejecutivo ratificara una multa de Bs 12,81 millones en contra de la compañía cementera.
