El presidente chileno, Sebastián Piñera, ordenó el cierre de una cárcel para militares en retiro condenados por la violación de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en la que gozan de varios privilegios.
El Gobierno “ha tomado la decisión de cerrar el Centro Penitenciario Cordillera y trasladar a los internos que están en este centro al penal Punta Peuco”, otra cárcel especial pero con un régimen más estricto, dijo Piñera. Según el Mandatario, con esta decisión se está “satisfaciendo tres principios que deben regir en todos los actos del Gobierno: la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de gendarmería (policía de prisiones) de Chile”.
El penal Cordillera alberga en total a diez reos, uno de ellos Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la temida policía política que operó en los años más sangrientos de la dictadura, y quien acumula cientos de años de cárcel por sucesivas condenas por secuestros, ejecuciones y torturas.
Los internos son controlados por 35 gendarmes y vivían en cinco cabañas en medio de áreas verdes, con baño privado y fácil acceso a sus familias, entre muchos otros beneficios. La situación de los reos militares contrasta con la del resto de la población penal chilena, de 53.000 reclusos, con una tasa de hacinamiento mayor al 70%.
