Nueve especialistas encargados de verificar el arsenal químico sirio para destruirlo comenzaron a trabajar hoy en Damasco, en tanto que la ONU reclamaba el acceso a los millones de civiles atrapados en la guerra civil.
Los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) salieron de su hotel en tres vehículos de la ONU hacia un destino desconocido, un día después de que los quince países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acordaran exigir a Damasco un mejor acceso humanitario en Siria.
Los nueve especialistas forman parte de un equipo de 19 personas que llegaron el martes a Damasco para asegurar la aplicación de la resolución 2118 de la ONU, que ordena la destrucción del arsenal químico de Siria, adoptada tras un ataque químico que dejó cientos de muertos en agosto en una zona controlada por fuerzas rebeldes.
La primera tarea del equipo será verificar la información proporcionada por el régimen de Bashar al Asad el 19 de septiembre, en una lista con los emplazamientos de producción y almacenamiento de armas químicas, que deben ser inspeccionados en un plazo de 30 días, según establece un acuerdo rusoamericano para el desarme químico de Siria.
El acuerdo alejó la amenaza esgrimida por Estados Unidos y otros países de una acción militar punitiva contra el régimen de Al Asad, al que atribuyen el ataque con gas sarín del pasado 21 de agosto, del que las autoridades acusan a los rebeldes sirios.
El equipo internacional de especialistas se enfrenta a una ardua tarea, pues se estima que Siria posee más de mil toneladas de armas químicas, 300 de las cuales serían gas mostaza y sarín, repartidas en unos 45 emplazamientos.
El conflicto en Siria ha dejado ya más de 115.000 víctimas mortales, más de 2,1 millones de desplazados y casi seis millones de desplazados internos, según cifras de la ONU.
Entrega de ayuda a los civiles
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió el miércoles un acceso inmediato y «sin obstáculos» a los civiles atrapados en medio del conflicto, que se estiman en dos millones.
Diplomáticos de este organismo internacional consideraron que la declaración, no vinculante, enviaría un fuerte mensaje al presidente Al Asad, tras el bloqueo que ha sufrido el Consejo desde el inicio del conflicto en Siria por el apoyo de Rusia al régimen de Damasco.
El texto del miércoles insta a las autoridades sirias que «adopten medidas inmediatamente» y retiren los obstáculos a la entrega de ayuda, además de autorizar la entrada de los camiones de la ONU procedentes de los países vecinos.
Siria ha bloqueado las misiones humanitarias procedentes de los países vecinos argumentando que los suministros acabarán en las zonas rebeldes.
Por otra parte, la organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves al régimen sirio de tener a decenas de miles de presos políticos.
«Las detenciones arbitrarias y las torturas se han convertido en moneda de cambio para las fuerzas de seguridad sirias», dijo en un informe Joe Stork, director de la organización para el Norte de África y Oriente Medio.
HRW consideró que el uso extendido de la tortura en las cárceles del régimen es una muestra de una política gubernamental que podría suponer crímenes contra la humanidad, y urgió a Damasco a retirar los cargos contra los activistas que se enfrentan a juicios en tribunales especiales.
En el terreno, se intensifican los enfrentamientos entre grupos de rebeldes sirios y yihadistas extranjeros, sobre todo en el norte del país.
Seis importantes facciones rebeldes pidieron en un comunicado conjunto a un grupo vinculado a Al Qaeda, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que se retire de la población norteña de Azaz, fronteriza con Turquía; y rebeldes del centro de Siria le reclamaron que abandone la provincia de Homs.
Los rebeldes sirios acogieron al principio la entrada de yihadistas extranjeros, pero en algunas zonas se han opuesto a ellos, acusándolos de abusos y de imponer una interpretación extremista del islam.
