El Congreso ecuatoriano autorizó el jueves la explotación petrolera en la reserva amazónica del Yasuní, por pedido del presidente Rafael Correa, pese al rechazo de grupos indígenas y ecologistas que intentan someter el tema a referendo.
En segundo y definitivo debate, el Legislativo, de mayoría oficialista, declaró de «interés nacional» la explotación del ITT, un bloque con reservas probadas de 920 millones de barriles, lo que permitirá al gobierno dar inicio directamente a los trabajos.
Con 108 votos a favor y 25 en contra, los diputados apoyaron el pedido de Correa para levantar el bloqueo constitucional a la extracción de recursos naturales en el Yasuní (este).
«Hoy es un día histórico, estamos construyendo un país distinto. Hoy vamos a asegurar que esos recursos van a mejorar la calidad de vida» de los ecuatorianos, expresó la vicepresidenta del Parlamento, la oficialista Marcela Aguiñaga.
Los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) representan un 20% de las reservas petroleras de Ecuador, el socio más pequeño de la OPEP, y están ubicados en un extremo del Parque Nacional Yasuní, una reserva mundial de la biósfera con casi un millón de hectáreas de bosque tropical húmedo.
Custodiados por la policía, grupos a favor y en contra de la iniciativa siguieron el debate en las afueras del Parlamento, en el centro de Quito, sin que se produjeran enfrentamientos, observó un fotógrafo de la AFP.
Correa anunció el 15 de agosto la decisión de extraer el petróleo del ITT, tras fracasar una campaña para evitar la explotación, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambió de un millonario aporte internacional.
Ecuador espera recibir en las próximas dos décadas ingresos adicionales por unos 19.000 millones de dólares -el 58% del presupuesto de 2013- que en su mayoría serán destinados, según Correa, a la lucha contra la pobreza, principalmente en la Amazonía.
Sin la explotación del ITT, el país -con una pobreza de 23,7%- tendría reservas de crudo para 11 años, según analistas consultados por la AFP. Correa advirtió que la economía ecuatoriana podría colapsar en 2020 si no se desarrollaban nuevos yacimientos.
Petróleo vs naturaleza
Al acoger la solicitud del gobierno, el Congreso reafirmó que el Estado asumirá la explotación del ITT y afectará apenas el uno por mil del Parque Yasuní, uno de los santuarios ecológicos más diversos del planeta, donde operan desde hace décadas petroleras como la española Repsol.
La empresa pública ecuatoriana Petroamazonas «deberá asegurar el cumplimiento de los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales», señala el proyecto aprobado por los diputados.
No obstante el aval legislativo y del apoyo de un 56% de los ecuatorianos a su decisión, de acuerdo con una encuesta privada, Correa todavía enfrenta el férreo rechazo de grupos indígenas y ecologistas.
Esas organizaciones, que en las últimas semanas se han movilizado en contra de la iniciativa gubernamental, aseguran que el aumento de la actividad petrolera en el Yasuní generará un alto impacto ambiental y pondrá en riesgo la sobrevivencia de los Tagaeri y Taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
«íVan a dar paso al etnocidio en el Yasuní!», advirtió la diputada indígena de oposición Lourdes Tibán durante el debate, y anticipó que pese a la decisión del Congreso, los nativos se proponen reunir las casi 600.000 firmas que exige la ley para tramitar un referendo.
En caso de que la oposición triunfe en la consulta, se impondrá la decisión de las urnas sobre la adoptada por el Congreso, según la legisladora Soledad Buendía, jefa del bloque oficialista.
En su resolución, el Parlamento ratificó la prohibición de desarrollar actividades petroleras en el área de protección de los Tagaeri y Taromenane próxima al bloque ITT, y ordenó al Ejecutivo realizar una consulta previa no vinculante entre las comunidades indígenas de la zona.
«En el caso de avistamiento de personas de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos», señala el texto.
Según estudios privados, unos 11.000 indígenas están asentados en el Yasuní, la mayoría quichuas, excluyendo a los aborígenes en aislamiento voluntario de quienes no se tiene un censo.
