Marcos Farfán, exviceministro de Régimen Interior –investigado por la represión a indígenas en Chaparina-, retornó al Gobierno y ocupa desde junio el cargo de Coordinador de la Representación Presidencial de la Agenda Patriótica 2025. Renunció a su cargo en 2011, poco después de la represión a indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS.
El representante presidencial de la agenda 2025, César Navarro, confirmó a La Razón Digital que Farfán ocupa funciones en esa repartición desde junio. “Él (Farfán) tiene el espacio de coordinador con los equipos departamentales. En la Agenda existe el equipo técnico, el equipo social, el equipo territorial, entonces en ese equipo trabaja Marcos”, explicó.
Farfán fue acusado en enero por el exsubcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, de ordenar el 25 de septiembre de 2011 la intervención a la marcha indígena en Chaparina, Beni, donde se uso cinta masquin para amordazar y maniatar a indígenas. Un día después de esos hechos, renunció a su cargo.
Dos días después de la intervención policial, el 27 de septiembre de 2011, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, -hoy embajador ante la ONU-, responsabilizó a Farfán de la violenta intervención policial. Ese día Llorenti también renunció al cargo. En respuesta, Farfán dijo que no ordenó la represión y que dimitió porque no estuvo de acuerdo con el procedimiento contra los marchistas.
Navarro declaró que no se puede sancionar, condenar ni sentenciar a una persona sin la existencia de una resolución judicial. Argumentó que Farfán está sometido aún a una investigación sobre los hechos de Chaparina.
“Mientras no exista una sentencia de la autoridad jurisdiccional se aplica el principio constitucional ‘todos son inocentes mientras no se compruebe su culpabilidad’. Él (Farfán) está enfrentando un proceso legal, él lo asume como exautoridad y tiene que asumir su defensa, es un tema que lo involucra a él, pero mientras dure su proceso él puede tener su actividad sea pública o privada”, justificó Navarro al ser consultado sobre la contratación de Farfán.
El 25 de septiembre un contingente de al menos 500 policías llevó adelante un operativo de intervención a la VIII marcha indígena que se oponía a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los indígenas, entre mujeres y hombres, fueron maniatados y amordazados con cinta masquin.
En mayo de 2012 la comisión de fiscales, que ese año estuvo formado por Patricia Santos, Carlos Fiorilo y José Ponce (actual Fiscal de Distrito de La Paz), emitió una resolución por el cual se imputa a Farfán por incumplimiento de deberes, ya que él era la máxima autoridad en el lugar de la marcha y podía evitar la intervención.
El Ministerio Público también imputó al exgeneral Muñoz por los sucesos de Chaparina. Éste actualmente tiene detención domiciliaria. Llorenti fue excluido del proceso y actualmente se desempeña como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas.
