El recurso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no ha logrado extinguir dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en Latinoamérica en los últimos años, los cuales van a tener cada uno una segunda parte en ese tribunal.
La planta papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto entre ese país y Argentina, porque acaba de ser autorizada a aumentar su producción, y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a Colombia y Nicaragua.
El primero de esos litigios fue elevado a la CIJ en 2005 y el segundo, que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, en 2001. Los fallos correspondientes fueron emitidos en 2010 y 2012.
Los dos países rioplatenses aceptaron que si bien Uruguay debió consultar con su vecino la instalación de la planta a orillas de un río que ambos países administran conjuntamente, la papelera puede funcionar porque no supone un riesgo para el medio ambiente, como señala la sentencia. Sin embargo, no se dio la misma unanimidad en el otro caso.
El Gobierno colombiano considera inaplicable el fallo que concede a Nicaragua una vasta extensión del mar Caribe, de 75.000 a 90.000 kilómetros cuadrados, que antes estaba bajo control de Colombia, y ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la CIJ. Pero Nicaragua se adelantó a que se concrete la retirada colombiana y planteó en septiembre una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350 millas náuticas. Argentina también va a recurrir de nuevo al tribunal con sede en Holanda, según anunció el miércoles el Gobierno argentino.
El “golpe al corazón”, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, que ha supuesto para Colombia el fallo de la CIJ en el caso con Nicaragua puede haber llevado al Gobierno colombiano a zanjar al margen del tribunal internacional otro diferendo.
Casos. El 17 de septiembre, la CIJ confirmó que Ecuador retiró el caso presentado contra Colombia por las aspersiones de cultivos ilícitos en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano saldó el asunto con el pago de $us 15 millones a Ecuador, según fuentes oficiales.
Perú y Chile están a la espera de otro fallo de la CIJ, también por los límites marítimos. Ambos gobiernos han dicho que lo acatarán pero en los últimos días han surgido rumores sobre un retraso de la sentencia, aparentemente para no interferir en el proceso electoral en Chile, lo que ha sido negado por ambos gobiernos.
Bolivia, pro su parte, presentó en abril de este año una demanda ante la CIJ en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la petición de Bolivia de tener acceso al océano Pacífico.
Uruguay defiende decisión sobre UPM
El Gobierno uruguayo defendió la decisión de autorizar el incremento de la producción de la papelera UPM y desmintió las acusaciones vertidas desde Buenos Aires al afirmar que cumplió con lo establecido en los tratados bilaterales y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre este tema.
El canciller uruguayo, Luis Almagro, respondió a las críticas de su colega argentino, Héctor Timerman, que acusó a Uruguay de negarse a negociar este asunto, plegarse a las directivas de la firma finlandesa, violar la soberanía ambiental argentina e incumplir con los procedimientos establecidos por la Comisión Administradora del fronterizo Río Uruguay.
Además, el canciller también negó que la planta de UPM, situada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, contamina y que sus vertidos incumplen con la legislación uruguaya.
Argentina anunció que recurrirá a la CIJ por la decisión de Uruguay de autorizar a UPM a aumentar su producción de 1,1 a 1,2 millones de toneladas de celulosa. El recurso se fundamenta en que Uruguay supuestamente viola el Tratado del Río Uruguay y otra sentencia emitida en 2010 por La Haya, que determinó que la planta no contaminaba.
