Tras la denuncia de los empresarios agrícolas sobre la presencia de infiltrados en las brigadas que realizan el Censo Agropecuario 2013, el Gobierno se comprometió a paralizar el empadronamiento en las propiedades intervenidas por los ilegales.
El sector agropecuario cruceño se reunió de emergencia la noche del jueves con la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro. En dicha reunión, los empresarios del agro dieron a conocer detalles sobre la organización de los avasalladores para sacar rédito del censo.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, dijo que el Gobierno aceptó paralizar el censo en las propiedades privadas para evitar que los ilegales se beneficien. “Afortunadamente la ministra de inmediato instruyó la paralización del censo en tierras tomadas”, manifestó.
La Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asppa) contabilizó alrededor de 75 propiedades agrícolas intervenidas de manera ilegal en el departamento de Santa Cruz. Pérez indicó que se acordó con el Órgano Ejecutivo que los dueños de las propiedades afectadas con estas tomas puedan acudir a las oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para ser censadas.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Juan Carlos Peredo, exteriorizó su preocupación por las constantes invasiones de tierras en la región oriental. “Afortunadamente la Ministra de Planificación entendió la preocupación y comprometió frenar la encuesta”, aseguró.
Distorsión. El titular de la Asppa, Jorge Zambrana, dijo temer la aparición de comunidades patrocinadas por los avasalladores, lo que podría distorsionar los resultados del empadronamiento. “Es importante que las zonas afectadas no sean tomadas en cuenta por los brigadistas”.
Pérez espera que el proyecto de ley contra el avasallamiento de tierras pueda aprobarse hasta fin de año. “El país requiere de una norma muy drástica para castigar a estas personas que invaden la propiedad privada”.
