El Gobierno aprobó en el 62 aniversario de la Confederación de Fabriles de Bolivia un decreto para viabilizar el paso de empresas en quiebra a manos de los trabajadores con el objetivo de constituir empresas sociales de carácter privado, además aprobó la resolución biministerial para sancionar a aquellas exportadoras que vulneran los derechos de los trabajadores.
El presidente Evo Morales, junto al vicepresidente Álvaro García y ministros de Estado, participó en Palacio de Gobierno del acto de aniversario de la Confederación de Fabriles de Bolivia. En el acto promulgó la norma que, amparada en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, da paso a crear empresas sociales sobre la base de las quebradas.
Parte del artículo 54 de la Constitución prevé que los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social “podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales”.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, destacó la iniciativa porque apunta a garantizar las fuentes de trabajo, en este caso de los fabriles que, explicó, se las pone en riesgo por la deficiente administración.
“Seguiremos contra aquellas empresas que se encuentren en situación de quiebra, a veces esa situación se presenta por la mala administración, por falta de innovación tecnológica porque mercados hay”, afirmó la autoridad y recordó que ese tipo de acciones se tomó en casos como Enatex, Hiltrabol y Traboltex.
Morales reveló que algunos empresarios amenazan a sus empleados con cerrar la fábrica si son obligados a atender, por ejemplo el monto de incremento salarial dispuesto por el Gobierno, con lo que –sostuvo- amedrentan a sus dependientes.
“Sé también que algunos empresarios manejan con chantajes de despidos, con amenazas con cierre de la empresa; ahora tenemos un Decreto Supremo qué mejor cierre el empresario y los fabriles serán dueños de la empresa”, advirtió en el acto, en el que también fueron aprobadas otras dos disposiciones.
Una resolución bimisterial establece que los empresarios exportadores que no respeten los derechos labores, como el de formar un sindicato, perderán los beneficios del Estado en sus labores de exportación. Mientras que una resolución ministerial restringe el uso de cámaras de vigilancia en las instalaciones de trabajo.
“De manera indiscriminada no se pueden instalar cámara de vigilancia. Estamos prohibiendo la instalación de estas cámaras en lugares donde afecte a la dignidad de las personas”, explicó el ministro.
