El exdirigente de la Conamaq Rafael Quispe, uno de los líderes de las VIII y XIX marchas en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, anunció días atrás que él y los otros dirigentes indígenas de tierras bajas que son requeridos por la Fiscalía del Beni, acusados de haber provocado lesiones gravísimas a otro dirigente de la región, han solicitado asilo político en algunas embajadas radicadas en el país.
Según Quispe, la solicitud serviría para evitar que esos dirigentes sean detenidos mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la jurisdicción a la que corresponde juzgar la golpiza propinada al líder del Conisur, grupo favorable a la construcción del mencionado proyecto.
Sin embargo, en el fondo lo que se busca no es justicia ni protección, sino un efecto político, pues si alguna embajada acepta el asilo a los dirigentes, explicó Quispe, se afectará la imagen política de la administración del presidente Morales: “Si aceptan el asilo, puede ser un gran golpe al gobierno del MAS, la imagen internacional puede caer”, dijo.
Se trata de un peligroso juego, en el que se pretende usar las normas de derecho internacional para fines de política doméstica, lo cual, es de esperar, será cuidadosamente evaluado por los diplomáticos extranjeros que recibieron esa solicitud.
