Organizaciones y representantes de los periodistas coincidieron por separado en que se elabore una Ley de Archivos para preservar la información gubernamental, que posteriormente podría ser requerida por la ciudadanía o los medios de comunicación.
«Hemos planteado la necesidad de que esta ley vaya acompañada con una ley de archivos (…). Para que nosotros los periodistas, hoy, mañana o dentro de un año contemos con información, necesitamos tener una Ley de Archivos que permita en determinado momento que la ciudadanía pueda acudir a recabar la información que considera necesaria», manifestó Ronald Grebe, ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Asimismo, el secretario ejecutivo de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, apoyó esta noción e indicó que al mismo tiempo en que se trate este proyecto de Ley de Acceso a la Información, se debata una Ley de Archivos. «Hemos lamentado que en la ciudad de Cochabamba se queme un archivo con documentación de la Gobernación y la Alcaldía», justificó.
Respecto al tratamiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es debatida por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ambos coincidieron en pedir en la audiencia pública que se realizó este martes, la reducción de las excepciones que restringen la información.
«Las restricciones deben ser minimizadas, deben ser absolutamente llevadas a un plano en el que solamente existan en caso de que realmente se ponga en peligro la integridad de nuestro país», dijo Vargas.
Tras concluir la audiencia con siete organizaciones que observaron el proyecto de ley, el presidente de la comisión, Héctor Arce (MAS), dijo que en próximos días se trabajará junto al Ministerio de Transparencia en las mejoras a este documento, que debe ser aprobado en su estación en detalle antes de ser remitida al pleno de la Cámara Baja.
En tanto para la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), el espíritu de este proyecto de ley atentaría contra la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que en vez de facilitar la información para transparentar la gestión gubernamental, restringiría su difusión.
«Para qué sirve el control y participación social, es decir que nuestra Constitución quedaría colgando y si realmente un proyecto de ley que vulneraría la Constitución, sin información no hay participación ni control social», señaló.
