Dos imputados en el caso Misiles, exmiembros de las Fuerzas Armadas, apuntan al expresidente Eduardo Rodríguez como responsable de la entrega de esos artefactos explosivos a Estados Unidos para su desactivación.
El excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en 2005, almirante Marco Antonio Justiniano, y el excomandante del Ejército y actual senador, Marcelo Antezana (CN), aseguraron que el actual embajador de Bolivia ante los Países Bajos conocía de la entrega de los 30 aparatos, de fabricación china, al país del norte.
Al respecto, Rodríguez respondió que en su momento demostró que no tuvo participación en esa entrega. “Que los medios que cubren tales afirmaciones se tomen el tiempo para revisar las múltiples declaraciones que hice en su tiempo a medios como ante la Comisión de Justicia Plural para demostrar, de manera concluyente y documentada, lo contrario a dichas versiones”, afirmó.
Según declaró Antezana, el expresidente hizo que el viceministro de Defensa Gonzalo Rocabado Mercado firme un convenio con Estados Unidos el 30 de septiembre de 2005 para que los misiles chinos salgan del país, acuerdo que posteriormente fue anulado, pero para entonces los artefactos explosivos ya estaban en poder de Estados Unidos.
Depósito. El senador explicó que el documento de entrega de los misiles chinos contemplaba una compensación económica de $us 400.000, que debían ser depositados en cuentas fiscales, pero que no se hizo efectivo porque el convenio fue rescindido.
El asambleísta también acusó al presidente Evo Morales de encubrir y convertirse en cómplice de Rodríguez, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría masista, lo excluyó del proceso judicial en enero de 2012.
“Han sacado una ley para que este tipo de juicios no prescriban, que no piense el expresidente Rodríguez que por estar de socio del MAS se va a salvar. Esto vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Puede ser que este gobierno pase, pero este problema de los misiles se tiene que aclarar, tiene que dar la cara”, sostuvo.
Justiniano, en una entrevista con el programa televisivo No Mentirás, aseguró que el Ejército, que estaba al mando del general Marcelo Antezana, fue el que recomendó y justificó la desactivación de ese material.
Explicó que luego se firmó el convenio de cooperación entre Estados Unidos y Bolivia, que tenía por objetivo desactivar estos misiles porque “no cumplían las funciones para las cuales teóricamente se las tenía”. También comentó que el entonces presidente Eduardo Rodríguez no observó la firma de ese convenio y aclaró que los informes que lo acompañaron pasaron por sus manos.
Proceso en curso por la Fiscalía
Audiencia
El próximo 29 de agosto se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares de los ocho imputados, que son exautoridades, en el caso Misiles.
Entrega
En la gestión 2005, los 37 aparatos explosivos fueron entregados a Estados Unidos para su desactivación, previa firma de un convenio, que después fue anulado.
Denuncia
Según el general Marcelo Antezana, todas las copias de ese documento fueron quemadas, pero él accedió a una, que está en inglés, en Estados Unidos.
El Acuerdo establece un pago de $us 400.000
El acuerdo entre Estados Unidos (EEUU) y Bolivia data del 30 de septiembre de 2005. Señala que es un reconocimiento de EEUU al “gran apoyo a la guerra contra el terrorismo” de parte de Bolivia, por lo que transfiere $us 400.000.
Precisa también que Washington prestará apoyo financiero y técnico en el proceso de desactivación y la inhabilitación de los equipos explosivos. Se fija el 26 de septiembre de 2005 como fecha de entrega de los “equipos obsoletos, peligrosos enumerados en la hoja adjunta para desactivación”.
En el documento se precisa que los fondos serán transferidos después de la entrega de los equipos. Para transferir esos dineros, Bolivia debía acreditar una carta de inspección final, la que debía ser extendida por EEUU, así como las respectivas facturas. La transferencia debía hacerse efectiva 14 días después de que el oficial de contrataciones recibiera los documentos.
En el acuerdo, el Departamento de Defensa de EEUU se comprometió a compartir toda la evidencia de desactivación de los equipos hasta el 31 de diciembre de 2005, aspecto que incluía la entrega de videos, imágenes y los fragmentos restantes y/o subpartes de los equipos que fueron destruidos por militares de ese país.
