Fueron poco afortunadas las palabras utilizadas por la periodista Milena Fernández en un programa televisivo al referirse a la ciudad de Oruro. Se le puede atribuir ligereza, criterio sesgado y hasta ausencia de profesionalismo, pero de allí a que se haya producido un acto delictivo hay una gran distancia, mucho más si no existe una persona natural víctima del desacierto.
Evaluando el trabajo que realiza la precitada comunicadora, en términos generales se ha caracterizado por mostrar las diferentes facetas de nuestro país, y el desliz cometido al referirse desaprensivamente a una ciudad no tuvo la intencionalidad de afectar o discriminar, por lo menos eso se evidencia de la revisión del contenido del programa base de la acción que se le ha iniciado. Que las autoridades locales con celo exijan respeto por su ciudad o región es legítimo y comprensible, pero exigir cárcel pese a las disculpas públicas reiteradas y principalmente al no existir ánimo doloso de discriminar u ofender, puede convertirse en un exceso que amenaza a la libertad de expresión y la ecuanimidad que debe esperar un ciudadano del sistema de justicia.
La Ley contra el Racismo y la Discriminación es un importante instrumento legal para evitar las prácticas discriminatorias y racistas tan acentuadas en nuestra sociedad, heredadas del modelo mental colonialista; pero es importante separar la paja del trigo. El animus injuriandi no puede ser confundido con un error producido por falta de mesura o ubicación, que es lo que al parecer causó este lamentable suceso.
Este caso puede sentar un precedente de intolerancia o de un criterio basado en la sindéresis y el equilibrio que debe caracterizar a los juzgadores y fiscales de un país democrático. Es inadmisible que una opinión del estado de un barrio o ciudad sea utilizada como base para fundamentar una acusación de racismo o discriminación, esta exageración nos puede llevar hasta el absurdo. La presentadora se ha disculpado hasta el cansancio, y aunque no existe en términos jurídicos una base sólida para una acción penal, la misma continúa con una tenacidad sospechosa.
La libertad de expresión tiene de acuerdo con nuestra Ley de Imprenta tres límites: la moral pública, el interés social y la dignidad de las personas. Lo que no transgreda estos tres principios es posible que sea comunicado, transmitido y difundido. Hasta dónde la libertad de expresión puede extenderse y desde qué parámetros un criterio u opinión se convierte en delito es, en el fondo, lo que está en juego en este caso que continúa por la terquedad de quienes tipifican delitos de una manera arbitraria. Que Milena Fernández cometió un error al generalizar o exagerar con una opinión es cierto, pero que ese desliz sea perseguido penalmente es un abuso.
