La Contraloría General del Estado (CGE) aclaró que en el supuesto daño económico de Bs 11 millones ocasionado por el pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre a los trabajadores de la Alcaldía de La Paz, no sólo están implicados el exalcalde Juan del Granado y Luis Revilla.
Hay 50 personas, incluyendo exautoridades del Ministerio de Trabajo. En septiembre de 2012, la CGE emitió un informe preliminar que estableció responsabilidad civil en contra de las autoridades municipales por el pago de ambos bonos, eliminados por el Decreto 21060.
Revilla y Del Granado presentaron un recurso directo de nulidad al Tribunal Constitucional (TC) alegando que la Contraloría habría usurpando funciones y excedido sus competencias, paso que fue rechazado el 13 de este mes. Edino Clavijo, subcontralor de Servicios Legales, explicó que ahora la CGE puede emitir el resultado final de las auditorías, las cuales podrían estar concluidas en un par de meses.
“Este proceso se respalda en un auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que observó en un caso concreto la legalidad de estos bonos. Existen también indicios de responsabilidad civil contra autoridades del Ministerio de Trabajo que aprobaron algunos convenios. Están todas las personas que, de una u otra forma, propiciaron este pago”, señaló Clavijo.
El alcalde Luis Revilla sostuvo que se analizará la sentencia del TC. “Hemos pedido que se establezca las competencias, porque el Ministerio de Trabajo dijo en tres oportunidades que los bonos son legales, pero la Contraloría afirma que no lo son”, apuntó. Los Bs 11 millones corresponden al periodo 2002-2009 y los bonos continúan cancelándose.
