Los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2012 no fueron bien recibidos por ninguna dirigencia, ni siquiera por aquellas de los departamentos cuya población se incrementó en relación al informe preliminar, como el caso de Oruro, cuya dirigencia cívica se ha sumado a los cuestionamientos de otras regiones inconformes con los resultados. Descontando el interés político de sectores alienados a la oposición, sin embargo no se puede desconocer el pedido legítimo de la sociedad civil de contar con una explicación consistente sobre la diferencia entre los resultados preliminares y los resultados finales.
Lo curioso es que en algunos departamentos se vienen planteando soluciones que más que soluciones son problemas, como por ejemplo realizar censos departamentales. Este planteamiento, además de ser irrealizable en algunas regiones (imaginemos cómo serán recibidos los encuestadores de la Gobernación de Santa Cruz en San Julián, Montero o en la ciudadela Andrés Ibáñez, bastiones progubernamentales), traerán como resultados cifras inútiles e inexactas. ¿Los resultados obtenidos por departamentos en relación a cuáles cifras se cotejarán? ¿Las cifras de los censos departamentales serán comparadas con los datos nacionales obtenidos en noviembre de 2012? Es decir, se compararán cifras recientes con números congelados del país y de los lugares donde no se realice el censo. ¿Y mientras se realizan censos regionales, se paralizarán los desembolsos con los incrementos que percibirán las regiones obtenidos con las cifras del operativo de 2012?
Esta propuesta es tan veleidosa como el planteamiento de realizar un censo a corto plazo, lo que llevaría a más confusión que el generado por el último censo. Admitamos que si hubo fallas técnicas, éstas deben ser determinadas por una evaluación que se haga a la encuesta censal, y en función a dicho dictamen, tomar en cuenta los factores que originaron la diferencia entre las cifras preliminares y finales.
La fase poscensal no se ha librado de la excesiva politización que caracterizó desde sus inicios la realización del censo, que estuvo signado de acusaciones de todo tipo, polémicas bizantinas y la susceptibilidad elevada a su máxima potencia, al extremo de cuestionar hasta los lápices con los que se rellenaron los formularios.
Habría que mantener la racionalidad y esperar los resultados de la evaluación del censo, que realizará un organismo internacional, y luego pronunciarse sobre lo que corresponda hacer si es que del dictamen técnico se llega a la conclusión de que los resultados no son confiables. Otra actitud es utilizar políticamente la susceptibilidad legítima que pueden tener algunas regiones con fines meramente electorales.
