Sólo una mirada sesgada podría descodificar el conflicto de la redistribución de escaños parlamentarios como una pugna entre el oficialismo y la oposición de derecha. Más allá de la pugna entre el Gobierno y los departamentos, un análisis acucioso detectaría en estos acontecimientos un síntoma de las contradicciones del Estado Plurinacional, particularmente de su sistema de representación política.
Desde ese punto de vista, un hecho que llama la atención es la demanda del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de ampliar la representación política de los pueblos y naciones indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Específicamente, esta organización ha planteado incrementar las circunscripciones especiales indígenas de 7 a 16. Recordemos que en 2009, la Ley Transitoria del Régimen Electoral instituyó siete circunscripciones especiales para garantizar la presencia de indígenas en el Parlamento; se dijo entonces que esa fórmula era transitoria, pero pocos meses después la nueva y definitiva Ley Electoral, promulgada el 30 de junio de 2010, convalidó ese número de escaños. La demanda indígena de una mayor representación política fue nuevamente desechada.
El problema de fondo es que esa cantidad de circunscripciones especiales no guarda relación con el número de pueblos y naciones indígenas. Por ejemplo, los 18 pueblos indígenas que habitan en el departamento de Beni sólo tienen derecho a un representante titular y un suplente. En los hechos, contando titulares y suplentes, solamente 12 de los 34 pueblos indígenas en cada departamento cuentan con un representante en la Asamblea. Además, de acuerdo a la norma, los asambleístas indígenas sólo pueden pertenecer a los pueblos que constituyen una minoría en el departamento, excepción que excluye a priori a los quechuas y a los aymaras de los departamentos occidentales del país.
En 2009, el número de escaños indígenas fue el resultado de una negociación política partidaria entre las fuerzas de oposición y el MAS, que entonces no contaba con los dos tercios y estaba obligado en cierto modo a negociar y consensuar; sin embargo, la apabullante fuerza parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2010 podría haber sido empleada para ampliar sustantivamente la representación política de los indígenas. En ambos casos, los principios de plurinacionalidad y autogobierno de las naciones indígenas, ampliamente reconocidos en la Constitución, fueron relegados y se optó por un diseño clásico, liberal, basado en la representación por población y territorio.
Asimismo, Conamaq ha demandado que los representantes indígenas sean elegidos sin mediación partidaria, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios, como ocurre actualmente en algunas asambleas legislativas departamentales. Este procedimiento también permitiría que las organizaciones y comunidades indígenas puedan controlar de manera permanente la actuación de sus representantes. Éste es un tema decisivo, porque la presencia de los partidos políticos, especialmente del MAS, distorsiona la representación indígena directa. La influencia del aparato partidario sobre el asambleísta indígena “invitado” es tan fuerte que subordina su actuación y le priva de autonomía. Por último, la absoluta predominancia de la estrategia partidaria ha impedido la conformación de una bancada indígena, que podría haber funcionado como un contrapeso a las bancadas partidarias y a las brigadas departamentales.
La base de esta demanda radica en el hecho de que la “buena” representación exige una experiencia vivida como condición necesaria para asumir las necesidades y demandas del otro, experiencia que permite comunicar y hacer inteligibles los intereses pero también los modos de vida de los pueblos indígenas; por el contrario, la representación diferida suele generar a la larga un conflicto de intereses, en este caso un conflicto entre la lealtad al partido y la lealtad a los electores.
Es evidente que en la última década, la presencia indígena en los espacios de representación es más numerosa y relativamente más calificada que en el pasado. Pero esta constatación se relativiza bastante cuando se comprueba que esa participación no es el sinónimo perfecto de una actuación sustantiva e unificada de esos representantes. La prueba es que la mayoría de los pueblos indígenas no se sienten plenamente representados. Para mayor abundancia, se puede sostener que sí existe una mayor representatividad de los indígenas, pero que todavía no se ha cristalizado una representación sustantiva, definido este término como una actuación en beneficio de los intereses y visiones de esos colectivos, y que alude a los contenidos de la representación y no a sus formas simbólicas.
El epílogo del conflicto de los escaños es conocido. Los líderes de Conamaq se vieron obligados a levantar la huelga de hambre que realizaban en las inmediaciones del recinto legislativo. “El Estado Plurinacional está herido de muerte”, dijo el exmallku Rafael Quispe al constatar la ausencia de voluntad política de la Asamblea para tratar esta demanda.
La táctica del oficialismo fue efectiva, pragmática, pues logró aislar la protesta de Conamaq, atemperó las demandas de los comités cívicos prometiendo millonarias inversiones para el desarrollo en los departamentos afectados, particularmente para Chuquisaca y Potosí. La demanda indígena se volvió poco menos que invisible.
Sin embargo, la sentencia de Rafael Quispe sigue resonando en los pasillos y oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El síntoma es grave: cuando los colectivos sociales no se sienten representados (o se sienten subrepresentados) suelen acudir al conflicto y a la movilización para hacer escuchar sus voces y ejercer sus derechos, sobre todo si se trata de derechos consagrados por la Constitución y que (al menos teóricamente) hacen la diferencia entre el viejo Estado Nacional y el nuevo Estado Plurinacional, esa institución que parece existir sólo en las palabras.
