La afirmación “Pueblos indígenas enemigos del modelo”, que surgió durante el II Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural en la mesa Modelos de Desarrollo: Capitalismo en la Amazonía y Extractivismo en Los Andes, refleja la realidad de los pueblos indígenas andino amazónicos que continuamente ven avasalladas sus formas de vida, integridad territorial, recursos naturales y reclaman el derecho a ser tomados en cuenta. El análisis de Guillerme Carvalho (Brasil) y Miguel Palacín (Perú) en torno a los megaproyectos en la Amazonía en Los Andes coinciden en que el capitalismo y el extractivismo son modelos de desarrollo vigentes en la región, con fuerte respaldo estatal, caracterizados por la violación de derechos de los pueblos indígenas y el despojo y control de sus territorios.
Los conflictos socioambientales nacen de la lógica antagónica de los pueblos indígenas frente al avance capitalista extractivista, y en el afán de los gobiernos por el crecimiento económico sin importar los costos que impliquen. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental, en 2012 se deforestaron 240.000 km2 para implementar el agro negocio en la Amazonía, se construyeron 96.500 km de carreteras para conectar lugares de explotación de recursos naturales con el mercado, se dieron en concesión 327 lotes petroleros con más de 1 millón de km2 de extensión (14% de la Amazonía), y se hicieron 417 hidroeléctricas, la mayoría de estas obras atraviesan áreas protegidas y territorios indígenas.
En Brasil los indígenas son constantemente avasallados y expulsados de sus territorios por la incursión de la agroindustria y los megaproyectos, pese a que exigen respeto a sus derechos constitucionales. En Colombia pueblos indígenas son desplazados por conflictos armados, la producción ilícita de coca o la explotación de minerales, y hace poco fue asesinada una líder campesina que impulsaba acciones contra la minería en defensa del medio ambiente. En Perú hay limitados derechos territoriales y desencuentros entre Gobierno e indígenas, el caso Bagua es el más emblemático. En Bolivia nueve marchas indígenas demandaron el derecho a la tierra, territorio y autodeterminación, las últimas dos con saldo negativo para los indígenas, quienes fueron vejados en sus derechos y fracturados orgánicamente.
Los gobiernos de la región tienen dificultad para concretar los derechos de los pueblos indígenas, incluso en el Estado Plurinacional de Bolivia con una Constitución favorable a ellos. Muchos gobiernos optan por criminalizar las protestas indígenas y favorecer al capitalismo y al extractivismo. Líderes indígenas son encarcelados o desaparecidos; sus organizaciones son intervenidas, cooptadas y fragmentadas; y defensores de derechos humanos son cuestionados.
La puesta en marcha de modelos alternativos es compleja, pero es posible si hay la decisión desde el Gobierno y la sociedad. Es necesario escuchar y aprender de las vivencias de los pueblos indígenas, lo que facilitaría la concreción del paradigma del “vivir bien”; y es necesario atender los mensajes de la naturaleza traducidos en la crisis ambiental, económica, energética y de valores, que llama a repensar nuestros patrones de consumo y acumulación, si no queremos efectos irreversibles para la salud humana y ambiental en un futuro próximo.
