La iniciativa del gobierno de Evo Morales, de declarar mediante ley el 17 de octubre como Día de la Dignidad Nacional, no es bien recibida por las víctimas y familiares de Octubre 2003, pues consideran que los homenajes no son suficientes para resarcir los daños que les ocasionaron los sucesos de aquel año.
“Este hecho de declarar Día de la Dignidad, a nosotros no nos ayuda en nada, tal vez le darán un título más a la ciudad de El Alto pero no lo vemos de esa forma, no es importante para nosotros”, afirmó Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerra del Gas de Bolivia.
Según Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de Octubre 2003, las personas a quienes representa no están de acuerdo con realizar actos para declarar el Día de la Dignidad. “El día digno para las víctimas será cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y toda su cúpula que están en Estados Unidos sean extraditados al país”, manifestó.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Rodolfo Machaca manifestó: “Los dirigentes de las víctimas tendrían que ser más responsables, concretos y claros para manifestar qué es lo que querían, muchas personas han sido invisibilizadas, esperamos escucharlos y conocer sus demandas; no sólo es criticar”.
El dirigente minero Miguel Pérez, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), aseguró que si bien el Gobierno atendió algunas demandas de las víctimas mineras, esto no es suficiente.
Organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad convocaron para el jueves a las 10.00 a una concentración en la avenida 6 de Marzo de El Alto. Allí, el presidente Evo Morales promulgará la ley que declare a esta fecha Día de la Dignidad Nacional. En el acto se prevé que el fiscal general, Ramiro Guerrero, brinde un informe sobre la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros que se encuentran en Estados Unidos.
“No será una fiesta, sino una conmemoración con todo el respeto que merecen los mártires de Octubre”, afirmó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, Alfredo Rada. Exdirigentes vecinales de El Alto adelantaron que el mismo jueves realizarán un mitin cerca del servicio de peaje de la autopista La Paz-El Alto. Según la dirigencia de las víctimas, 27 familias esperan atención del Gobierno en temas de salud y trabajo; 7 se encuentran en situación crítica.
En 10 años, demandas persisten
Resarcir
Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de Octubre, manifestó que la idea de resarcir daños a sus representados a partir de la expropiación de bienes de los acusados por los hechos de 2003, sería bien recibido por los damnificados. “Acortaría todo este procedimiento de tramites judiciales para que las víctimas puedan reparar en daños y perjuicios”, dijo.
Defensor atendió 11 casos de Octubre
El informe presentado por Rolando Villena, defensor del Pueblo, sobre la gestión de actividades que realizó la Defensoría respecto a los sucesos de Octubre de 2003, revela que esta institución atendió 11 casos, para los cuales se gestionó algún tipo de beneficio para los damnificados.
El informe oral fue realizado por Villena ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. El documento que leyó el Defensor destaca que en nueve procesos, la institución gestionó algún tipo de compensación para personas afectadas y familiares; se trate de ayuda humanitaria, remunerativa o laboral.
La Defensoría gestionó ante el Ministerio de Gobierno y de Salud la atención de damnificados en el Hospital de Clínicas y el Holandés, comprometiendo a autoridades la celeridad de los trámites. Además, a través del Ministerio de Justicia se pidió a Hacienda el pago por resarcimiento económico a los heridos.
Diez bienes pueden ser rematados para heridos
El abogado de las víctimas de Octubre 2003, Rogelio Mayta, afirmó que al menos diez bienes inmuebles, propiedad de los sentenciados por el caso, pueden ser rematados y el dinero ser destinado a las víctimas de los hechos.
“Al existir una condena para sus dueños, las víctimas pueden iniciar —como lo están haciendo en algunos casos— una acción de reparación civil en base a la sentencia. Una vez que se establezca la decisión judicial, esos bienes pueden ser rematados para satisfacer la reparación determinada por el juez”, manifestó el jurista.
Mayta señaló que, potencialmente, 300 personas podrían acogerse a este beneficio, porque otras decidieron no continuar el proceso civil, en el entendido de que en 2008 el Estado les otorgó un estipendio económico.
“Estos bienes pertenecieron a quienes fueron objeto de condena: los miembros del Alto Mando Militar en tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Planificación Erick Reyes Villa. El fallecido exministro Adalberto Kuajara no tenía bienes que fueron gravados”, agregó.
A la fecha hay 272 bienes, entre inmuebles, terrenos, cuentas bancarias, acciones y vehículos, que pertenecen a los 17 acusados por octubre 2003. Al haberse sentenciado a siete personas, sus posesiones ya pueden ser dispuestas para la reparación de daños. En criterio de Mayta, las propiedades del resto están en custodia preventiva y pueden ser devueltos si los acusados no son hallados culpables tras un juicio.
